20 abril, 2024

Ortega comparó a Venezuela con dictadura militar argentina de los 70

Luisa Ortega Díaz, fiscal general destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, reveló recientemente que miembros del gobierno nacional han «enviado sicarios» en su búsqueda, los cuales tienen el objetivo de buscar pruebas que tiene en contra de altos funcionarios del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Durante una entrevista que ofreció a Der Spiegel, la representante del Ministerio Público venezolano comparó la situación actual de su país, con lo que ocurrió en la Argentina del año 1970, cuando hubo un gobierno dictatorial que controló todos los poderes públicos.

«El Gobierno (de Venezuela) armó a grupos civiles. Estos aterrorizan a la población sin ser perseguidos judicialmente. Los métodos son los mismos que los del terror en la dictadura militar argentina de los años 70«, expresó.

Aunque reconoció que en Venezuela existen problemas en el ámbito social, evitó indicar que podría estallar una crisis civil, debido a que las diferencias entre el chavismo y la oposición cada vez se intensifican con el paso del tiempo.

Por otra parte, luego de abandonar Venezuela de una forma intempestiva, debido a que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, iban en su búsqueda y en la de su esposo, el diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV, German Ferrer, Ortega Díaz denunció que el constituyente Diosdado Cabello, así como el presidente Nicolás Maduro, y el alcalde de Caracas Jorge Rodríguez habían recibido dinero de Odebrecht.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro, su segundo, Diosdado Cabello, y su camarilla gobiernan sólo y exclusivamente para servir a sus propios intereses. El pueblo no les interesa; los pobres, tampoco. Hoy nos enfrentamos a un grupo de gente que no son hombres de Estado, sino criminales«, señaló.

Reiteró a «Der Spiegel» las denuncias que hizo públicas sobre que tiene bajo su poder documentos comprometedores que contienen acusaciones demostrables contra Maduro, en los que se apunta que obtuvo dinero público, que debieron ser para la compra de alimentos, por medio de una compañía de México.