La CEV se pronunció contra las acciones políticas impuestas por el gob. izquierdista

A juicio de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) el gobierno de Nicolás Maduro “ha demostrado su incapacidad” de solventar las dificultades sociales que se han agravado durante los meses de pandemia.

Ante esta situación, los obispos venezolanos difundieron un comunicado donde expresan su preocupación por la “dramática situación social, económica, moral y política que vive nuestro país”, convirtiéndose de esta manera en la voz de los ciudadanos que se “sienten angustiados e indefensos”, que sortean la “inseguridad y precariedad personal y familiar”.

Sentenciaron que las acciones del gobierno izquierdista más que ayudar a salir de las problemáticas contribuyen a “agravarlas”, de manera crítica expusieron que estos solo buscan velar por “permanecer a toda costa en el poder, sin importar cuánto sufrimiento traiga eso al pueblo venezolano”.

Del mismo modo, el clero venezolano manifestó su descontento con los sectores de la oposición venezolana por mostrarse “divididos y sin presentar una alternativa verdadera de cambio”, agregan que ningunas de las partes en conflicto político proponen un proyecto de país concreto que ayude en el desarrollo de libertades, paz y justicia.

Con respecto a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, destacaron que el llamado es “inmoral”, ya que la nación transita por una emergencia sanitaria por los brotes de Coronavirus, por ende, las condiciones de subsistencia son mínimas, al tiempo que destacan la poca “transparencia en las reglas y mecanismos de verificación que deben regir un proceso electoral”.

Para los representantes de la iglesia católica es necesario que se convoquen elecciones a la Asamblea Nacional y presidenciales con igualdades de condiciones para todos los partidos políticos y que cuenten con “acompañamiento y seguimiento de organismos internacionales plurales”.

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La postura ante la aprobación de la Ley Antibloqueo propuesta por Maduro ha sido severa, porque consideran que la voluntad de quienes gobiernan en Venezuela busca “conducir a nuestro país por caminos distintos a la legalidad”, además, de perseguir terminar con los “recursos nacionales”.