Piden 30 años de prisión para primeros 40 golpistas en Brasil
La Procuraduría General de Brasil (Fiscalía) pidió este lunes la pena máxima de 30 años de cárcel para los primeros 40 acusados de participar el en asalto a las sedes de los tres poderes de la nación, en el intento de golpe de Estado del pasado 8 de enero.
En un documento remitido a la Corte Suprema, que deberá juzgar esos actos, la Procuraduría dice que, en el caso de esos primeros 40 acusados, ha comprobado tanto la “materialidad” como la “autoría” de al menos cinco delitos.
Se trata de “asociación criminal armada”, “abolición violenta del Estado democrático de derecho”, “golpe de Estado”, “daño calificado y grave amenaza” y “deterioro de patrimonio público”, que, según el Código Penal, en conjunto “llegan a 30 años de reclusión”, que es la pena máxima contemplada por las leyes del país, dice el documento.
La Corte Suprema ya ha aceptado las denuncias presentadas contra 1.290 personas, que en su mayoría participaron directamente en los violentos sucesos del 8 de enero, cuando miles de activistas de la ultraderecha asaltaron simultáneamente las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el propio tribunal.
Según la investigación, ese violento ataque contra la democracia pretendía incitar a las Fuerzas Armadas a derrocar al Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder izquierdista que había asumido el poder ocho días antes.
La mayoría de los participantes en el asalto estaban alineados ideológicamente con el exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, derrotado por Lula en las elecciones de octubre del año pasado y cuyo resultado se negó a reconocer.
Documentos comprometedores del bolsonarismo
El exministro Anderson Torres, un firme aliado del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, no supo explicar este martes ante una comisión parlamentaria un documento hallado en su casa que le daba un barniz de legalidad a un posible golpe tras las elecciones de 2022.
Torres, en libertad vigilada tras pasar cuatro meses en prisión por su presunta participación en la trama que llevó a la asonada del pasado 8 de enero, compareció ante una comisión parlamentaria que investiga esos sucesos, que según la Justicia intentaban forzar un golpe contra el Gobierno del progresista Luiz Inácio Lula da Silva.
Uno de los asuntos que más complican la situación del exministro es un borrador de un decreto para anular las elecciones de octubre pasado, intervenir el Poder Judicial y mantener en el poder a Bolsonaro, derrotado por Lula en esos comicios.
El documento fue hallado por la Policía en la casa de Torres en el marco de las investigaciones sobre lo sucedido el 8 de enero y en momentos en que el exministro estaba en Estados Unidos, hacia donde había viajado de vacaciones dos días antes del intento golpista.
Torres admitió ante los parlamentarios la existencia de lo que calificó de “papel”, pero no supo decir cómo llegó a sus manos.”No sé quién me entregó ese documento apócrifo y desconozco cómo fue redactado”, declaró el exministro de Justicia y Seguridad.
Aún así, minimizó la importancia de ese borrador, lo calificó de “aberración jurídica” y garantizó que lo guardó con otros “papeles” sin “ningún valor” que destruiría posteriormente.
