Nayib Bukele consolida sus pasos autoritarios
A comienzos de los 80, Alí Primera organizaba actos en distintas partes del país recaudando fondos con los cuales se ayudaba a pueblos que luchaban por su liberación, como El Salvador, envuelto en una cruenta guerra.
El asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero, el 24 de marzo de 1980, y la Masacre del Sumpul, el 13 de mayo de ese mismo año, en la cual fueron acribilladas unas 600 personas y dio origen a la canción El sombrero azul, terminaron de emparentarnos a muchos con esa humilde tierra centroamericana, sometida a una brutal guerra que concluyó en 1992 con más de 75.000 muertos.
Desde entonces, se han sucedido distintos gobiernos electos de forma democrática y por esa vía tomó el poder en 2019 Nayib Bukele, quien había sido expulsado del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (con el cual fue alcalde en par de ocasiones), cabalgando en ese momento a lomos de las consignas antipartidos, que lograron calar en una población cansada especialmente de las corruptelas de los gobiernos predecesores.
Poco a poco, autodenominándose el dictador más cool del mundo, ha ido concentrando poder, sacando provecho a su supuesta lucha contra la violencia en ese país, para lo cual hasta una megacárcel construyó, aunque bajo la sombra del carácter aparentemente autoritario de su gestión, que también crece.
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Debilitamiento
“Desde su llegada al poder en 2019, El Salvador ha estado marcado por la polarización y el debilitamiento de las instituciones democráticas”, explica la politóloga venezolana Jéssica Pernía, quien es directora del Centro de Estudios de Comunicación Social y Tecnologías Libres de la Universidad Bolivariana de Venezuela en Mérida y ha escrito varios análisis sobre el tema Bukele.
Pernía menciona, entre su política de seguridad, en la que lo más promocionado es que “han logrado reducir drásticamente los homicidios y el poder de las pandillas en el país. A fuerza de aplicar tanto una política de alianza con las fuerzas públicas como una política de alianza con las propias pandillas; un autoritarismo institucional sin precedentes, y una política de desregulación de los derechos humanos y los debidos procesos”.
En ese punto recuerda “un proceso de acusación de la Fiscalía en una corte federal de Nueva York que se presentó en contra de 13 líderes de la Mara Salvatrucha, se evidenció que altos funcionarios del gobierno de Bukele fueron parte de negociaciones con los liderazgos de las pandillas para lograr una reducción de los homicidios a cambio de beneficios”.
Jéssica Pernía también añade “un informe de la organización Socorro Jurídico Humanitario, que hizo públicos algunos datos sobre los primeros años de aplicación del régimen de excepción en El Salvador: se detuvieron arbitrariamente a 26.250 personas que no cometieron ningún delito, y se contabilizaron 241 muertes en las cárceles, entre ellas, la de 14 mujeres y 2 menores de edad”.
En lo político, la académica asegura que Bukele ha acelerado el debilitamiento de los partidos tradicionales, con “una sistemática persecución” y “ha logrado prácticamente anular su disidencia, controlando, además, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema, que dicho sea de paso, han refrendado sus medidas más controvertidas” como la “purga de jueces y los cambios en el funcionamiento del Congreso”.
“Las preocupaciones sobre ese ‘modelo’ son muchas, tanto a nivel nacional como internacional. Se basan en su tendencia despótica, su desprecio por la institucionalidad tradicional e incluso las propias leyes; su persecución a los medios de comunicación y organizaciones ciudadanas, y su política exterior ambigua o más bien, indescifrable”, subraya Jéssica Pernía, quien asegura que hay sectores que temen una profundización “del nivel de autoritarismo y el vulneramiento de los derechos humanos”.
El temor como principio para sostenerse
en el poder
Nayib Bukele, al ingresar al Palacio Legislativo el 9 de febrero de 2020, tomado por militares y policías fuertemente armados, proclamó desafiante: “Ahora creo que está muy claro quién tiene el control de la situación”, luego de la negativa de la Asamblea a aprobar un préstamo para seguridad pública que le había sido negado en esas instancias durante semanas. Bukele, frente a esto, amenazó con destituir a los parlamentarios, lo cual puede dar una clara percepción de su vocación.
Tras obtener la mayoría en esa instancia en 2021, concentró más poder: anuló controles sobre su administración; maniobró para que, pese a prohibirse en la Constitución la reelección presidencial, la nueva Sala Constitucional, en septiembre de 2021, le permitiera postularse para un segundo mandato.
“Lo que llevó la paz a El Salvador es un pacto corrupto con las pandillas. (…) Sin respeto a la Constitución, no hay economía, no hay seguridad jurídica, no hay inversión y, por tanto, no hay empleo (…) Hay que tener en cuenta el miedo a un presidente con todos los poderes, y que ha abusado de estos; que tiene a 70.000 personas arrestadas; que 20.000 son claramente inocentes y muchas de ellas han muerto sin tener oportunidad de defenderse o salir de la cárcel. Han sido capturados sin evidencias y allí están presos por lo menos dos años”, analizó en febrero pasado para El Grand Continent el excandidato presidencial Luis Parada.
Voluntad Popular en el gobierno salvadoreño
Si bien en nuestro país la agrupación de ultraderecha Voluntad Popular nunca ha podido acceder al poder Ejecutivo (pese a haberlo intentado por distintas vías, especialmente violentas), en el gobierno salvadoreño varios de sus militantes tienen un peso importante en el gobierno de Nayib Bukele.
En un artículo de febrero de este año del periodista Nelson Rauda Zablah, publicado en el portal Nueva Sociedad con el título “El curioso caso de los ‘enchufados’ de Bukele”, da cuenta que esa “delegación” la encabeza Sara Hanna Georges, exasistente de Leopoldo López y Lilian Tintori, quien es una suerte de “ministra sin nombramiento”.
Ella, “toma decisiones, se mueve con escolta” y tiene a sus órdenes a otros venezolanos como Miguel Sabal, el segundo al mando de Georges; Miguel Arvelo, en temas de salud; Tomás Hernández, en economía; Roddy Rodríguez en educación; Santiago Rosas y Ernesto Herrera en seguridad; María Alejandra García, en la coordinación del Programa de Emergencia Sanitaria”.
A ellos hay que agregarles al inefable Lester Toledo, quien asesoró a Bukele “en la instauración de partido único, tras reelegirse con 85% y obtener casi la totalidad de las bancas en el Congreso”, algo inédito en la historia de ese país.
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