Ministerio Público investiga caso de corrupción que involucra a Rafael Ramírez
Ministerio Público investigará los robos de materiales pertenecientes a Cantv y Corpoelec. Foto Referencial cortesía EFE/AVN
Este jueves el fiscal general de la República, Tarek William Saab, dio a conocer que la justicia venezolana abrió una investigación sobre la presunta «participación de la empresa española INGELEC, en la trama de pago de sobornos a exfuncionarios del gobierno venezolano», basados en eso procederán a las sanciones a los implicados en este caso.
Saab explicó que la mencionada compañía se encuentra ubicada en «Sevilla, fabrica generadores de energía y habría pagado 2,7 millones de euros en comisiones a una estructura criminal liderada por Diego Salazar y su primo Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y exministro de Energía y Petróleo»
Los datos preliminares ofrecidos por el representante del Ministerio Público arrojan que los supuestos pagos fueron realizados a una “sociedad panameña” durante los años 2009 y 2010, posterior a esto realizaron una transferencia a la banca privada de Andorra para cubrir la estadía de Diago Salazar en París.
El paso de Salazar por la ciudad parisina estuvo valorado «en poco más de un millón de euros”, del mismo modo, enviaron «otros 834 mil euros a Estados Unidos para la compra de un inmueble», de acuerdo a las declaraciones de Saab.
Basados en pesquisas, las autoridades venezolanas acusaron a los ciudadanos Salazar Carreño y José Enrique Luongo por los “delitos de corrupción pasiva simple, legitimación de capitales y asociación”, por esta trama también fue privado de libertad Elías Daniel Salazar Bracho, sobre este pesan los delitos de legitimación de capitales y asociación.
El fiscal agregó que los tres detenidos se dedicaban a solicitar sobornos a compañías extranjeras, al realizar dicho fraude obtenían contratos con la estatal petrolera que fue presidida por Rafael Ramírez.
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Por este caso hay tres personas con medidas cautelares sustitutiva de libertad, dieciséis con orden de aprehensión, cinco han sido detenidos fuera de Venezuela (no han sido entregados al país) y once individuos se encuentran con alerta roja.
