Ampliarán rango de acción de ley de convivencia mirandina

Uno de los problemas de convivencia más comunes entre los vecinos del estado Miranda son las tuberías rotas que dañan las viviendas aledañas y que por razones económicas el responsable no puede repararlas. El bote de agua genera molestias a los vecinos y se ha dado el caso de ciudadanos que llegan a irrumpir en la casa afectada, ocasionando una reyerta pública.

La policía interviene en estas situaciones para evitar un desenlace lamentable y a su vez lograr un proceso de conciliación, pero llegar a estos extremos se puede impedir si se denuncia de manera oportuna. Aunque este tipo de problemas está tipificado en la Ley de Convivencia para la Seguridad y la Paz Ciudadana en el estado Bolivariano de Miranda, es necesario ampliar su rango de acción para frenar la riñas vecinales reiterativas.

Así lo aseguró el diputado del estado Miranda y presidente de la Comisión Permanente de Trabajo de Derechos Humanos y Política Estadal del Consejo Legislativo, Ciro León, quien informó que actualmente la ley se encuentra en un proceso de reforma que nace de cara a los problemas que afloraron en la coexistencia intravecinal e intrafamiliar en las comunidades de la entidad durante la de emergencia y el proceso de confinamiento del covid-19.

Resaltó que el marco legal, que fue promulgado en el año 2017, se debe ajustar a los cambios que vive la sociedad y que son muy acelerados y hacen que los instrumentos deban adaptarse de una manera más dinámica a los nuevos problemas y realidades que se deben abordar en materia de convivencia ciudadana, paz y seguridad.

Refirió que los casos como el del bote de agua han aumentado su incidencia, además, se observa un escalamiento del conflicto, que también se puede dar en situaciones como la colocación de una corneta a alto volumen, una fiesta de tres días seguidos donde ningún vecino pueda dormir, la construcción inadecuada de un muro, violación del lindero de una propiedad, entre muchas otras acciones que se ha detectado en las visitas a las comunidades.

Despliegue

León indicó que se han realizado más de 20 consultas para la reforma en la entidad, la cual se inició con una fase sectorial que se ejecutó con los sectores de seguridad ciudadana del estado, policía municipal, Policía Nacional Bolivariana, Ministerio Público, Poder Judicial, casas de justicia y paz.

“Trabajamos con todo el entramado institucional que está en el tema de seguridad y convivencia que van de la mano, ya que son la primera línea de atención cuando se tiene un problema”, afirmó.

Agregó que con la ley vigente de convivencia y seguridad se han reducido los homicidios entre 97 y 98%. A pesar de ello, de los cuatro a seis homicidios que se registran semanalmente en la entidad, la mitad provienen de reyertas, discusiones y peleas entre vecinos. Es decir, 50% de los registros semanales son por problemas de convivencia.

“No se puede tener un policía en cada casa, sino que tenemos que crear mecanismo dentro de los documentos jurídicos que permitan abordar estas situaciones antes de que la escalada de conflictos llegue a la violencia”, dijo.

En cuanto a las primeras reuniones en el territorio específico que se realizaron en los ejes Barlovento, Valles del Tuy, Guarenas-Guatire y Metropolitano, donde se recogieron propuestas e ideas sobre lo que las comunidades requieren. Ahora se encuentran en la fase municipal donde han abordado seis municipios: Guarenas, Guatire, Carrizal, Brión, Yare, Eje Metropolitano, entre otros.

“Realizamos las distintas consultas para recoger las impresiones, las ideas, las propuestas que las comunidades plantean. Esta ley no puede ser a espaldas de la gente o realizada en la oficina, ya que no tiene sentido”, comentó.

Recalco que el marco legal actual suma 61 artículos y se están reformando entre 30% y 40%. Señaló que la ley es fuerte y robusta, pero hay que adaptarla a la nueva Miranda, “que no tiene la misma realidad que recibió el gobernador Héctor Rodríguez, donde estaban los altos índices de inseguridad, la guarimba, los secuestros, homicidios, ahora esto cambió y se deben ajustar los instrumentos”, sostuvo.

Novedades

Uno de los problemas que se presentó con mayor incidencia durante la cuarentena fueron los adultos mayores que se encuentran solos en sus viviendas. León acotó que la reforma tiene que proveerlos de un instrumento jurídico que acompañe las políticas de atención emitidas por el Estado para las personas en condición de vulnerabilidad.

Apuntó que trabajan un capítulo dirigido a los adultos mayores. Además, explicó que los municipios Chacao, Baruta y El Hatillo son los que presentan con mayor énfasis el problema.

En materia de sanciones se prevé una actualización tanto en el tema monetario como en las campañas educativas en áreas como la educación ambiental, gestión de riesgo y concientización de valores, con el fin de que los vecinos no se vean como enemigos, sino que deben trabajar entre todos para el bien común.

Igualmente, se contemplan medidas para reincidentes en la infracción como los caso de música a alto volumen tanto en residencias y en vehículos. En estas situaciones, se prevé establecer medidas de mayor peso económico.

Al detal

• Problemas frecuentes. En el estado Miranda las denuncias comunes en materia de convivencia son: uso de las cornetas a alto volumen, fiestas que duran hasta tres días, botes de agua potable y servidas, demarcación de linderos en las zonas rurales, construcciones no autorizadas y violencia de género.
• ¿Cómo denunciar? El primer paso es acudir a los gobiernos comunitarios, integrados por la Policía de Miranda y los cuadrantes de paz. El diputado Ciro León instó a los ciudadanos a que formulen la denuncia cuando inicia el conflicto y así evitar una escalada de violencia.
• Sanciones vigentes. Aunque la Ley de Convivencia para la Seguridad y la Paz Ciudadana en el estado Bolivariano de Miranda se encuentra en proceso de reforma, actualmente, es aplicada y contempla una serie de medidas y sanciones para quienes infrinjan los delitos tipificados, entre ellas, multas desde 700 a 6.500 unidades tributarias según sea el caso, cierre de locales, jornadas de trabajo comunitario y de concientización.