23 abril, 2024

Opositores piden al Grupo de Lima medidas contra funcionarios chavistas

Un grupo de venezolanos residentes en Perú y opositores al Gobierno del presidente Nicolás Maduro reclamaron este martes 13 de febrero al Grupo de Lima, que se reúne en la capital peruana, tomar medidas contra los actuales altos funcionarios y diseñar un plan de ayuda humanitaria y reconstrucción para el país.

Los venezolanos convocados en el centro de Lima por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) exhortaron a los doce países que integran el Grupo de Lima que formen una comisión multinacional para congelar capitales y propiedades que los miembros del actual Gobierno de Venezuela tengan en sus territorios.

También solicitaron una medida migratoria que prohíba el ingreso de estos funcionarios y sus familiares a cualquier país del Grupo de Lima, integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.

Asimismo, los opositores pidieron un «canal humanitario» que provea de comida y medicinas a los venezolanos, además de la conformación de un grupo especializado que prepare un plan económico para la reconstrucción de Venezuela «una vez que la democracia haya sido restituida».

Los representantes de la MUD en el Perú advirtieron en su comunicado que el Gobierno de Maduro «se ha convertido en una seria amenaza para la seguridad, paz y estabilidad de la toda la región» porque «la crisis humanitaria y el caos que se vive en Venezuela está desbordando y afectando directamente a muchos Estados».

Exigieron a Maduro que suspenda las elecciones presidenciales anticipadas, convocadas para el 22 de abril, al considerar que esos comicios no serán ni libres ni justos por celebrarse con «centenares de presos políticos, partidos ilegalizados, líderes detenidos e inhabilitados y una autoridad electoral bajo control del Gobierno».

La oposición también criticó que «millones de venezolanos» que han salido de Venezuela en los últimos meses no puedan ejercer el derecho al voto, ya que las normas electorales del país no permiten el sufragio desde el exterior para elegir al presidente.

Consideraron además que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), es «un poder ilegal controlado totalmente por un solo partido».