Nueva ley de alquileres brinda seguridad jurídica a las partes

Después de un amplio periodo de consulta pública a diferentes sectores de la vida nacional, la Asamblea Nacional aprobó el pasado viernes 31 de julio la reforma a la Ley del Régimen Especial Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda, con la que busca colocar miles de viviendas en el mercado de alquileres para dar respuesta a la emergencia habitacional ocasionada por el terremoto del pasado 24 de junio.

Para conocer más sobre el tema, Últimas Noticias consultó al presidente de la Subcomisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Asamblea Nacional, diputado Rigel Sergent, y al presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Pablo González, quienes explican el alcance de un consenso que busca equilibrar la necesidad social con las garantías a la propiedad privada.

“Hemos escuchado a propietarios, inquilinos, cámaras inmobiliarias, movimientos sociales y, bueno, también hemos escuchado a afectados de la tragedia sísmica”, explicó el diputado Sergent, quien además aseguró que la Cámara Venezolana de la Construcción y el Tribunal Supremo de Justicia fueron consultados.

El parlamentario sostiene que el recién aprobado instrumento jurídico busca garantizar la seguridad jurídica del propietario para proteger su patrimonio, al tiempo que protege los derechos del arrendatario frente a incrementos desmedidos o arbitrariedades.

Desde la perspectiva gremial, esta contingencia obligó a revisar un marco jurídico que mantenía paralizado al sector. Pablo González, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, calificó de manera positiva los avances de la ley, argumentando que establece reglas claras en la negociación. Recordó que el aporte histórico de la institución ha sido impulsar un marco normativo equilibrado, puesto que “el instrumento vigente, la ley del 2011, producía unos desequilibrios muy importantes y sobre todo los riesgos a nivel de la recuperación de la propiedad privada que hacían que los propietarios no pusieran al mercado estos metros cuadrados”, apuntó González, quien destacó varios elementos de la recién aprobada legislación: el establecimiento de negociaciones con tiempos definidos, la posibilidad de utilizar pólizas y fianzas de seguro para los depósitos y la implementación de arbitrajes para resolver diferencias.

Entre las causales que la nueva ley establece para que el propietario pueda rescindir del contrato, se encuentran el incumplimiento en el pago del canon de arrendamiento durante tres periodos consecutivos, la falta de pago de los servicios públicos inherentes al inmueble y el cambio de uso o destino del inmueble sin el consentimiento acordado.

Asimismo, entre los puntos más importantes de esta reforma está que se prevén instancias de conciliación, mediación u otros medios alternativos que incluyen la participación de centros de arbitraje institucional; mecanismos de arbitraje acordados por las partes; el arbitraje del Código de Procedimiento Civil y los tribunales de municipio de la localidad donde se ubique el inmueble. También en materia de mediación, se contempla la participación de los jueces de paz como medio alternativo de resolución de conflictos. 

Alquileres en divisas. Sobre el alcance de esta ley, Sergent fue enfático en aclarar que es solo para los nuevos alquileres, “no es retroactivo”, manteniendo los contratos de vieja data bajo la actual regulación de la Superintendencia Nacional de Vivienda (Sunavi). Otro punto importante es que en los nuevos contratos se permitirá pactar o fijar la referencia en divisas.

Sergent aseguró que con esta normativa se evalúa frenar distorsiones del mercado y evitar prácticas discriminatorias, las cuales el diputado aprovechó para denunciar: “Nos decía un compañero del estado La Guaira que estaba buscando alquiler y le decían: Mira, si es de La Guaira, no; entonces eso es un tema discriminatorio y de exclusión”, apuntó.

Esta flexibilización atiende directamente las demandas del sector privado, el cual sitúa el derecho de propiedad como la columna vertebral de la reforma del instrumento legal.

Al ser consultado sobre el punto básico de la seguridad jurídica, el presidente de la Cámara Inmobiliaria fue categórico al responder que es “el respeto a la propiedad privada”, explicando que cuando existen “profundos desequilibrios en lo que se refiere a las garantías contractuales del primer arrendatario y del primer arrendador, eso produce problemas con la propiedad privada y desestímulo”.

Para el líder gremial, el beneficio fundamental de la reforma será “poder decirle al mercado inmobiliario que existe un instrumento de ley que recupera el derecho esencial de la propiedad privada, la posibilidad de la libre contratación de las partes, el poder contratar en moneda extranjera y que a la hora de un conflicto pueda recuperar de manera no traumática su propiedad”, manifestó.

Auge del alquiler. El líder gremial sostiene que el mercado venezolano se está alineando con las tendencias internacionales, donde el negocio del alquiler viene ganando terreno.

“Las tendencias mundiales es que los jóvenes están buscando inmuebles para alquiler, no están definitivamente queriendo asentarse con la compra de una vivienda”, describió González, advirtiendo que el fenómeno no es uniforme y varía considerablemente entre regiones como Caracas, Maracaibo o Táchira.

Es por ello que el gremio insiste en usar la reforma legal no solo como un paliativo de corto plazo para los damnificados del sismo, sino como la base de “un plan para producir vivienda para alquiler”, concluyó.

Logramos un equilibrio para propietarios y arrendatarios

El presidente del Poder Legislativo, diputado Jorge Rodríguez, se pronunció a través de sus redes sociales sobre la aprobación del nuevo instrumento jurídico, afirmando que “con la nueva Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda, logramos un equilibrio para propietarios y arrendatarios”, puntualizó.

El parlamentario subrayó que este instrumento legal, sancionado el 31 de julio del año en curso, dinamiza el mercado inmobiliario y protege a las familias afectadas.

Destacó que la Asamblea Nacional trabaja en función de dar respuestas rápidas y firmes ante la emergencia sísmica del pasado 24 de junio.

Con esta nueva ley de 27 artículos, el Parlamento deroga trabas administrativas previas con el fin de generar confianza en los propietarios.

Según estimaciones oficiales presentadas por el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, la medida busca movilizar unas 400.000 viviendas que permanecían desocupadas o fuera del mercado de alquiler por falta de garantías jurídicas, ofreciendo así una vía rápida de reubicación para los afectados por la contingencia que atraviesa el país actualmente.