Maduro y los libros (1)
El pasado 26 de junio, el exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, se declaró culpable de retención ilegal de información de defensa nacional. Al admitir ante un tribunal federal que transcribió y retuvo ilegalmente datos clasificados para redactar sus memorias, Bolton operó un cambio procesal: autenticó jurídicamente el contenido material de sus registros.
El libro The room where it happened contiene evidencias de cargos admisibles bajo las Reglas Federales de Evidencia FRE 801(d) (2) y 804(b) (3).
Pasajes donde se lee: “Trump me dijo enfáticamente: ‘Hazlo’, refiriéndose a deshacerse del régimen de Maduro. ‘Esta es la quinta vez que lo pido’, continuó… Trump insistió en que quería opciones militares para Venezuela y luego conservarla porque “en realidad es parte de los Estados Unidos”.
Bajo el derecho penal federal, son pruebas documentales del mens rea (mente criminal) de la Casa Blanca: una conspiración de agresión y apropiación forzada de recursos energéticos estratégicos.
A este expediente se sumó el exdirector del FBI, Andrew McCabe, quien en su libro The threat reveló: “Luego el presidente habló de Venezuela. Ese es el país con el que deberíamos ir a la guerra”, dijo. “Tienen todo ese petróleo y están justo en nuestra puerta trasera”. Días después, desde Bedminster, el propio Trump reiteró públicamente esa línea al declarar la viabilidad de una “posible opción militar”.
Frente a este escenario, la Fiscalía intentará parapetarse en la inmunidad presidencial en política exterior o en la doctrina de las cuestiones políticas. Sin embargo, cuando los máximos ejecutores de la seguridad nacional confiesan judicialmente tales motivaciones, el debate deja de ser político y se torna estrictamente procesal.
Estas admisiones demuestran de forma concurrente que las acusaciones penales posteriores no persiguen un fin legítimo de justicia, sino que constituyen un caso de enjuiciamiento vindicativo (vindictive prosecution) y un fraude al tribunal.
El texto adquiere así un peso probatorio definitivo: la defensa cuenta con un arsenal judicializado para forzar la desestimación de cualquier causa relacionada, invocando la doctrina constitucional de la conducta gubernamental indignante (outrageous government conduct), al quedar expuesto que el Ejecutivo utilizó el aparato penal de EEUU de mala fe, al margen de la legalidad.
