3 agosto, 2026

Aumenta número de muertos bajo custodia en cárceles de El Salvador

Aumenta número de muertos bajo custodia en cárceles de El Salvador

La organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) reveló que la cifra de personas fallecidas en las cárceles de El Salvador tras su detención bajo el régimen de excepción alcanzó al menos los 554 casos.

Este mecanismo, vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, acumula severas objeciones debido a las condiciones fatales en las prisiones y la falta de garantías procesales. La ONG denunció que las víctimas corresponden a personas capturadas que perdieron la vida o fueron abandonadas hasta morir por la negación sistemática del derecho a la salud.

Asimismo, la organización recalcó que el 94 % de estos ciudadanos carecía de perfil de pandillero y falleció bajo la custodia del Estado sin haber recibido una condena firme en un juicio, generando un escenario de total impunidad.

Cuestionamientos profundos a la legalidad y opacidad del estado de excepción

El informe de Socorro Jurídico advierte que la cifra real de muertes en los centros penitenciarios podría superar el millar. La entidad señala la existencia de obstáculos institucionales y esfuerzos deliberados por ocultar información oficial dentro de los procesos judiciales masivos impulsados por la administración del presidente Nayib Bukele.

Hasta la fecha, el Ejecutivo mantiene el silencio y evita responder a las denuncias de las organizaciones humanitarias. El estado de excepción, prorrogado en 53 ocasiones consecutivas, suspende derechos constitucionales fundamentales como el derecho a la defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones, acumulando más de 92.480 detenciones masivas.

Impacto social y denuncias persistentes por abusos de poder

A pesar de que la estrategia de seguridad mantiene niveles elevados de aprobación popular y facilitó la continuidad política del mandatario, los colectivos defensores de los derechos humanos documentan un panorama crítico. Las agrupaciones civiles contabilizan más de 6.400 denuncias por violaciones a los derechos fundamentales, centradas principalmente en detenciones arbitrarias y casos de tortura bajo el control estatal.

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