Investigan a jefe de órgano electoral de Perú por irregularidades con entrega de material
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) formalizó el inicio de una investigación preliminar contra Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras los incidentes registrados el pasado domingo 12 de abril. La medida responde a las presuntas irregularidades detectadas en la distribución del material de votación en Lima, situación que generó demoras significativas durante la jornada.
El pleno de la JNJ adoptó esta decisión en sesión extraordinaria para determinar las responsabilidades administrativas del alto funcionario frente a los fallos logísticos.
Como parte de estas acciones, la institución ordenó a su Dirección de Evaluación y Ratificación elaborar un informe técnico detallado sobre el proceso que confirmó a Corvetto en su cargo.
Esta revisión surge tras el pedido de la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, quien solicitó la apertura de un proceso disciplinario. La actual gestión busca examinar la ratificación aprobada en 2024 por el pleno anterior, poniendo bajo la lupa la idoneidad del jefe de la ONPE para continuar al frente del organismo electoral.
Cuestionamientos legales sobre la revisión de la ratificación
La decisión de la JNJ ha generado un debate jurídico inmediato sobre los alcances de sus facultades respecto a mandatos ya vigentes. Ana Neyra Zegarra, exministra de Justicia, señaló que la normativa vigente no contempla como un procedimiento regular la revisión de una ratificación ya concluida.
Según la especialista, el marco legal establece que el camino adecuado ante estas situaciones es exclusivamente el inicio de un procedimiento disciplinario para evaluar las faltas cometidas durante el ejercicio de sus funciones actuales.
Por su parte, el constitucionalista Heber Joel Campos recordó que la gestión de Corvetto Salinas fue ratificada legalmente hasta el año 2028 por la composición previa de la Junta.
Campos explicó que una decisión de este tipo solo podría revertirse si se demuestra de manera fehaciente que el funcionario incurrió en una falta grave que amerite su remoción. El experto subrayó la importancia de llevar a cabo una investigación rigurosa antes de emitir juicios definitivos sobre la estabilidad del cargo.
Investigación sobre la cadena logística y proveedores
El proceso investigativo también se centrará en determinar si la responsabilidad de los retrasos recae directamente en la gestión de la ONPE o en empresas externas contratadas para el transporte.
Campos advirtió que, si los fallos fueron producto de errores de un proveedor externo cuya contratación cumplió con todos los estándares legales, la responsabilidad administrativa de Corvetto podría quedar descartada. La investigación deberá esclarecer si hubo negligencia en la supervisión de la cadena de suministro de los kits electorales.
Mientras la Dirección de Evaluación prepara el informe solicitado, la JNJ recopila evidencias sobre los puntos críticos donde el material electoral llegó fuera de tiempo.
Este caso pone a prueba la celeridad del sistema de justicia administrativa para resolver crisis operativas que afectan directamente el ejercicio del derecho al voto. Los resultados de estas indagaciones definirán la continuidad de la actual jefatura de la ONPE y el establecimiento de nuevos protocolos de fiscalización para futuros procesos electorales en el país.
