TSJ confirmó condena de 23 años para abuelastro violador
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia confirmó el pasado 13 de agosto condena de 23 años y 3 meses de prisión impuesta a Carmen Alberto Mendoza Ortiz, acusado de violar de manera continua a su nietrastra de 5 años de edad.
Tal decisión está contenida en la sentencia 455, redactada por el magistrado Maikel Moreno y convalidada por sus colegas de sala, Carmen Marisela Castro y Elsa Gómez.
Los hechos fueron denunciados en septiembre de 2018 ante el Cicpc de San Cristóbal (Táchira), donde la víctima relató que desde que tenía 5 años su abuelastro Carmen Alberto le tocaba sus partes íntimas, entre otros abusos, dice la sentencia.
Algunos de esos ataques los cometía el sujeto en presencia de su esposa, es decir, la abuela de la niña, según la investigación de la Fiscalía 16° del Ministerio Público. “Me amenazaba con cortarme la mano si yo decía algo”, dijo la víctima en su declaración ante el Cicpc.
Ante esos hechos, el Ministerio Público, representado en la fiscal Nancy Granados Sandoval, solicitó abrir un juicio contra Mendoza Ortiz mediante un escrito de acusación interpuesto el 9 de noviembre de 2018 ante el Tribunal de Control con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del Táchira.
En la acusación el sujeto es presentado como presunto autor del delito de abuso sexual a niña con penetración continuado.
El mencionado tribunal decretó la apertura de un juicio contra el acusado y ratificó orden de captura para Aura Barillas, abuela de la niña.
El juicio a Mendoza Ortiz comenzó el 24 de octubre de 2019 en el Tribunal de Juicio del Circuito Judicial en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del estado Táchira y concluyó el 10 de diciembre de 2020 cuando lo declararon culpable y le impusieron la condena de 23 años y 3 meses de prisión. El Tribunal fijó como sitio de reclusión el Centro Penitenciario de Occidente, ubicado en Santa Ana del Táchira.
A la semana siguiente, esa decisión fue apelada por la abogada Gladys Josefina González, defensora pública 1° penal asignada al acusado.
La respuesta a ese recurso fue emitido el 29 de enero pasado por la Corte de Apelaciones con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer que declaró sin lugar el pedimento de la defensora pública y confirmó la condena impuesta.
El 11 de marzo pasado, otra defensora pública asignada al ahora condenado, acudió a la Sala Penal para solicitar la nulidad de la condena y, en consecuencia, que se convoque a un nuevo juicio contra Mendoza Ortiz.
Yolimar Carolina Vera Ramírez, defensora pública penal en materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer, adujo que durante el juicio no se ventilaron pruebas previamente aprobadas.
Los magistrados respondieron que ese señalamiento no es tema para ser tratado en un recurso de casación, que lo ocurrido en el juicio tiene su contención ante una corte de apelaciones.
Bajo esas circunstancias, la Sala desestimó el recurso dejando firme la condena impuesta al acusado.
