Tribunal de Bolivia ratifica orden de captura contra líderes de protestas
El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz confirmó este lunes que la persecución judicial contra los principales líderes de las protestas sociales en Bolivia sigue vigente.
La institución aclaró que las órdenes de captura contra los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y de la Federación Departamental de Campesinos ‘Tupac Katari’, Vicente Salazar, no han sido anuladas, sino únicamente suspendidas de manera temporal a la espera de que la Fiscalía subsane errores procedimentales en su formulación.
La presidenta del TDJ, Margot Pérez, precisó que la reciente «acción de libertad» presentada por la defensa de los dirigentes solo responde a una formalidad jurídica exigida a los operadores de justicia.
Según la magistrada, el Ministerio Público mantiene la responsabilidad de fundamentar y motivar los mandamientos de aprehensión, lo que evidencia una intención estatal de reactivar la cacería judicial contra quienes encabezan la exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El aparato judicial como brazo ejecutor contra la disidencia
La magistrada Pérez enfatizó que la medida tomada por el juzgado de ninguna forma representa un cese definitivo de la persecución. Al obligar a la Fiscalía a realizar una «reformulación» de los cargos, el sistema judicial boliviano prepara el terreno para perfeccionar los expedientes contra Argollo y Salazar, garantizando que las órdenes de aprehensión recuperen su validez operativa en el corto plazo.
Este proceso judicial se enmarca en una estrategia gubernamental de criminalización contra los sectores campesinos y obreros que, junto a movimientos leales al expresidente Evo Morales, mantienen una férrea resistencia contra la gestión de Paz. El Estado acusa a los dirigentes de cargos graves como terrorismo e instigación pública a delinquir tras las jornadas de protesta, en las que denuncian el incumplimiento de promesas electorales y denuncian posibles planes de privatización de servicios públicos que el gobierno se empeña en desmentir.
