Trabajadores petroleros siguen en huelga por “privatización” de Petroperú
La huelga de 72 horas convocada por los trabajadores de la petrolera estatal Petroperú continúa con firmeza tras una multitudinaria movilización este martes por el centro histórico de Lima. Cientos de empleados de la compañía marcharon desde la Plaza Dos de Mayo hasta la Plaza San Martín para exigir la derogación inmediata del decreto de reestructuración patrimonial emitido por el Ejecutivo.
Según los líderes sindicales, esta normativa no busca la eficiencia operativa, sino que constituye una estrategia de «privatización encubierta» que pone en riesgo la soberanía energética del país.
Durante la protesta, que contó con el respaldo de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), los manifestantes denunciaron que el plan oficial contempla delegar unidades estratégicas a capitales privados. El foco de la preocupación se centra en la Refinería de Talara, una infraestructura clave cuya construcción demandó una inversión pública de 6.000 millones de dólares. Los trabajadores sostienen que entregar la gestión de estas unidades a empresas externas debilitará la capacidad del Estado para regular el mercado de hidrocarburos.
A pesar de la magnitud de la marcha y el despliegue de un importante cordón policial, la jornada transcurrió sin incidentes violentos. Los empleados aprovecharon el espacio para reivindicar su labor diaria y exigir respeto a su estabilidad laboral ante la incertidumbre que genera el nuevo decreto. El sentimiento generalizado entre las bases es que la crisis financiera de la petrolera no es responsabilidad de su plantilla, sino de gestiones políticas previas que han utilizado a la empresa como un instrumento de intereses particulares.
Advertencias sobre el impacto en el costo de vida y la soberanía
El secretario general de la CGTP, Gerónimo López, se unió a las demandas enfatizando que Petroperú representa un patrimonio estratégico para todos los peruanos.
López advirtió que el paso de la gestión a manos privadas tendría un impacto directo en el bolsillo de la ciudadanía, ya que podría derivar en un incremento descontrolado del precio de los combustibles. Desde su perspectiva, cualquier intento de reorganización debe ser liderado por cuadros técnicos independientes que no respondan a grupos de poder económico o político.
Por su parte, los representantes sindicales en la marcha señalaron que la opacidad del proceso de reestructuración ha generado temor sobre despidos masivos. Afirmaron que la compañía ha sido históricamente perjudicada por el desvío de fondos hacia otros fines por parte de sucesivas administraciones gubernamentales.
En este sentido, proponen que se fortalezca la gobernanza interna de la estatal en lugar de segmentar sus operaciones para facilitar la entrada de terceros, lo cual consideran un ataque a la integridad de la empresa pública.
Mientras la huelga avanza hacia su tercera jornada, el directorio de Petroperú ha emitido comunicados asegurando que las operaciones y el abastecimiento de combustible a nivel nacional están garantizados. Sin embargo, el sindicato mantiene su postura de no ceder hasta que el Gobierno abra una mesa de diálogo real sobre el futuro de la petrolera. La tensión entre los trabajadores y el Estado marca un punto crítico en la agenda social peruana, mientras se espera una respuesta oficial ante la persistencia de las movilizaciones en la capital.
