Rendición de cuentas consolida la transparencia del autogobierno
El ejercicio de la gestión transparente constituye uno de los pilares fundamentales del autogobierno en Venezuela, al asegurar que los voceros de las comunas informen sobre el uso de los recursos y los resultados alcanzados en sus territorios.
En una nota de prensa publicada por el Ministerio para las Comunas se resalta que este mecanismo, respaldado por la Ley Orgánica de las Comunas reformada en diciembre de 2024, establece la honestidad y el control social como principios esenciales que orientan la organización popular.
Bajo esta normativa, la democracia participativa y protagónica se manifiesta no solo en la planificación de proyectos, sino también en el seguimiento y la evaluación constante de quienes ejercen la vocería.
Marco legal vigente
En un trabajo especial del Ministerio para las Comunas se hace referencia al artículo 52 de la normativa comunal, normativa que establece que los integrantes del gobierno local tienen la obligación de rendir cuentas anualmente sobre el desempeño de sus funciones ante las instancias del Poder Popular.
Resalta que este proceso debe realizarse principalmente ante la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos, así como ante las organizaciones que hayan otorgado aportes financieros para el desarrollo de obras comunitarias.
Esta interacción directa permite que los habitantes conozcan la administración de los recursos destinados al territorio, lo cual fortalece la corresponsabilidad y la confianza en las instituciones del pueblo organizado.
En el caso de los proyectos financiados por la Consulta Popular Nacional, se hace alusión en la información técnica y financiera se formaliza a través del Sistema de Gestión de Proyectos del Consejo Federal de Gobierno, donde se detallan los avances físicos y las metas alcanzadas.
Validación comunitaria
El control social efectivo se concreta en la asamblea de ciudadanos, espacio donde la comunidad evalúa la gestión y decide mediante el voto si aprueba los resultados presentados. Sin el aval explícito de este cuerpo colegiado, los responsables no pueden avanzar hacia el registro formal de los soportes ante las unidades receptoras estadales.
Una vez que la asamblea firma el acta correspondiente y se verifican los informes de contraloría, se certifica la culminación del ciclo productivo. Este modelo permite visibilizar la reinversión social de los excedentes, garantizando que el beneficio económico se traduzca en bienestar integral para todo el territorio comunal.
