Venezuela rechaza investigación preliminar de la Corte Penal Internacional
El Gobierno de Venezuela rechazó el inicio de una investigación preliminar de la Corte Penal Internacional por el uso de «fuerza excesiva» de parte de los cuerpos de seguridad de Estado y «graves abusos», durante la ola de protestas que tuvieron lugar en el país entre los meses de abril y julio de 2017.
En un comunicado oficial, el Gobierno de Nicolás Maduro dijo que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que otorga preeminencia a los derechos humanos, tal y como lo consagra la Constitución.
La Fiscalía de la CPI anunció el jueves 8 de febrero que Venezuela será sometida a un examen preliminar para determinar si hay o no argumentos que sustenten el inicio de una investigación de pleno para saber si se cometieron delitos por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno durante las manifestaciones callejeras.
Según la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, han recibido denuncias sobre el uso de «fuerza excesiva» para dispersar y reprimir las manifestaciones. Además, las denuncias se refieren a la detención y encarcelamiento de opositores o personas consideradas como tales, que habrían sido objeto de «grave abusos» y «maltratos».
El Gobierno venezolano se comprometió a contribuir con la CPI para entregarle toda la información que ayude a comprobar que no hay razones para que el órgano internacional someta a examen a Venezuela.
Venezuela aseguró que su sistema de justicia lleva a cabo procesos legales para lograr que se haga justicia en los casos en los que se haya vulnerado los derechos de los manifestantes y detenidos.
«Durante los meses de abril a julio del año 2017, el pueblo venezolano fue víctima de alteraciones del orden público organizadas, convocadas y financiadas por sectores de la oposición venezolana extremistas y antidemocráticos, con la finalidad de derrocar el Gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro», dice.
El Gobierno reprochó la inexistencia de una comunicación oficial por parte de la Corte «y que sea a través de la información difundida en un comunicado» que se haga de conocimiento oficial «los infundados alegatos» en contra de sus fuerzas de seguridad, dijo DPA.
Además señaló que el examen preliminar es un procedimiento inexistente en el Estatuto de Roma como fase o etapa investigativa o procesal. «Se trata de ‘un proceso al estilo de la inquisición’, implantado por la Fiscalía como práctica mediática, infamante y extorsiva a perpetuidad hacia los Estados», dice el comunicado.
