Perú: Siete zonas entraron en «estado de emergencia» este lunes

Este lunes entró en vigor en Perú la medida de «estado de emergencia» en las siete regiones más afectadas por las protestas populares que exigen la renuncia de Dina Boluarte, jefa de Estado designada por el Parlamento luego de deponer al presidente Pedro Castillo; disolver a ese Parlamento y elecciones adelantadas.

Las protestas se mantienen en las calles del país desde que el, 7 de diciembre de 2022, el Congreso destituyó a Castillo, desde entonces se intensificó en Perú la crisis política con la designación de Boluarte y la represión a dichas protestas suma al menos 60 fallecidos a manos de las autoridades.

El decreto entró en vigencia este lunes en Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios, Moquegua y Tacna, por un periodo de 60 días, y suspende los derechos de reunión y libre tránsito, entre otros, y permite registros y capturas a discreción, Vale recordar que Puno es, por ejemplo, una de las zonas más afectadas por la violencia de la represión.

Por ejemplo, en Puno registró en una sola jornada 17 muertos en las protestas de los cuales, en las 17 autopsias quedó revelado que recibieron impactos de armas de fuego.

La medida recibió críticas de los gobernadores de Puno, Richard Hancco, y Moquegua, Gilia Gutiérrez, así como de los parlamentarios de izquierda Roberto Sánchez y Jaime Quito recoge Prensa Latina.

Hancco criticó que se deje en manos de las Fuerzas Armadas con apoyo policial el control del orden en Puno, mientras en las demás regiones en las que se aplica la medida, la principal responsabilidad es policial, con apoyo militar.

“Esperamos que no haya consecuencias cuando empiecen a actuar los miembros del Ejército; no quiero ser alarmista, pero me parece que la medida es desproporcionada”, sentenció.

La región de Puno está paralizada desde el 4 de enero y es la que ha sufrido la mayoría de las 47 muertes registradas desde el inicio de las protestas.

Hancco hizo notar que en los últimos días no se han registrado alteraciones violentas del orden público que justifique la medida.

Advirtió que con el estado de emergencia, el Gobierno se aleja de la posibilidad de un diálogo, en lugar de acercarse a la población.

Coincidió con la gobernadora de Moquegua, Gilia Gutiérrez, en que el Gobierno no le consultó ni informó de la medida decretada y ella recordó que la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR) recientemente pidió al Gobierno que coordine sus decisiones con la autoridad regional concernida.

La mayoría de los gobernadores plantean que la única salida a la crisis es la renuncia de la jefa de Estado.

El parlamentario progresista Roberto Sánchez comentó que militarizar las regiones en protesta no solucionará el conflicto.

Añadió que “El Sur resiste con la fraternidad de todo el Perú que aspira y lucha por un nuevo régimen democratizador del Estado, la economía y la sociedad”, lo que se refiere a la demanda de los manifestantes de una asamblea constituyente.

El congresista de izquierda Jaime Quito rechazó el estado de emergencia porque “solo sirve para continuar con la represión salvaje contra el pueblo que se mantiene en pie de lucha”, según dijo.

Además, la bancada parlamentaria del partido izquierdista Perú Libre condenó la violenta represión contra una masiva marcha de protesta del sábado último y señaló que los abusos policiales ponen en riesgo las vidas de los manifestantes.

27 sentencias contra manifestantes detenidos

El Ministerio del Interior del Perú informó que 27 personas fueron sentenciadas por «actos vandálicos», en la región de Ica, durante las protestas, recoge AVN.

«Estas personas fueron plenamente identificadas como autoras de la toma de carreteras en esta región sureña. Por ello, recibieron sentencias condenatorias por encima de los tres años de pena y están obligadas a pagar reparaciones civiles por un monto superior a los 50.000 soles (cerca de 12.990 dólares)», reza el comunicado emitido por el Ministerio del Interior peruano, citado por Sputnik.

Así mismo, el ente gubernamental informó que 22 personas se encuentran en prisión preventiva, mientras son procesadas por «actos violentos» en los departamentos de Puno, Ucayali, Ica, Cusco y Arequipa.