Ordenan detener a expresidente Toledo para extraditarlo a Perú
Una corte federal de Estados Unidos (EE.UU.) ordenó la detención del expresidente peruano Alejandro Toledo, quien será extraditado a la nación suramericana para responder ante la justicia por un caso de corrupción.
La orden fue emitida este miércoles por Thomas Hixson, juez del Tribunal del Distrito Norte de California, estado donde reside el expresidente desde hace unos años.
El fallo suscribe que Toledo, de 77 años, “sea recluido en una cárcel, donde permanecerá hasta que haya concluido su entrega a las autoridades peruanas”.
Además, la orden del tribunal señala que deberá comparecer ante la sede judicial el próximo viernes a las 9.00 hora local.
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Maniobras legales
Desde el 2019, Alejandro Toledo ha sorteado con varios subterfugios legales la extradición hacia Perú, en ese mismo año fue detenido por riesgo de fuga y mandato de extradición. Permaneció en prisión ocho meses, hasta que llegó la pandemia del covid-19 y logró su traslado a régimen domiciliario pagando una fianza.
En el 2022 su defensa interpuso un habeas corpus para paralizar el proceso, pero quedó sin efecto.
Posteriormente, su equipo legal intentó trasladar el caso de California a la Corte de Columbia alegando falta de garantías judiciales. Sin embargo, la jueza principal de este circuito rechazó sus argumentos al calificarlos de “engañosos”.
El último intento de evasión lo intentó ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU., en donde otorgaron una suspensión momentánea de dos semanas mientras se resolvía un recurso de reconsideración.
Caso Odebrecht
Toledo, anterior residente del Palacio de Gobierno (2001-2006), está acusado de recibir una coima de 35 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de adjudicarse la obra de la carretera Interoceánica entre Brasil y Perú.
A pesar que el expresidente niega haber cometido algún delito, el empresario peruano-israelí, Josef Maiman, confirmó que éste cobró los sobornos de las constructoras brasileñas a través de sus empresas.
Igualmente, el ingeniero brasileño Jorge Barata confesó que aportó 700.000 dólares a su campaña en las elecciones generales de 2011, y que le pagó coimas millonarias.
