Gobierno interino de Perú evalúa indulto a Pedro Castillo tras pronunciamiento de la ONU
El presidente interino de Perú, José María Balcázar, reconoció este viernes que la reciente opinión emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas transforma sustancialmente el contexto legal y constitucional del caso del expresidente Pedro Castillo.
Este pronunciamiento oficial cuestiona la legitimidad de su reclusión y abre una nueva vía de análisis para las autoridades peruanas sobre la situación del exmandatario. La instancia de las Naciones Unidas concluyó que la captura de Castillo, quien actualmente cumple una condena de más de once años por su intento de cierre del Congreso en diciembre de 2022, careció de fundamentos legales válidos.
Por tal motivo, el organismo internacional recomendó la liberación inmediata del exgobernante, además de exigir una indemnización y otras formas de reparación conforme al derecho internacional.
Ruta hacia una posible revisión de la pena
El mandatario peruano, quien entregará el poder el próximo 28 de julio, afirmó que el informe de la ONU constituye un elemento central que fortalece cualquier nueva solicitud de indulto. Balcázar precisó que el Gobierno esperará la presentación de un petitorio formal por parte de la defensa legal de Castillo para proceder con una evaluación técnica y exhaustiva.
El análisis de esta solicitud recaerá en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entidad encargada de revisar la viabilidad del caso bajo este nuevo marco internacional. La administración actual sostiene que la incorporación de los términos establecidos por Naciones Unidas en el pedido de indulto resulta indispensable para otorgar cualquier beneficio legal durante los últimos días de su gestión.
Contexto de la detención y el proceso legal
La detención de Pedro Castillo ocurrió tras su mensaje a la nación donde anunció la intervención de los poderes públicos, medida que el Ejecutivo buscaba ejecutar para evitar su destitución legislativa por investigaciones de corrupción.
A pesar de la condena impuesta, el pronunciamiento de la ONU genera ahora un debate interno sobre la justicia del procedimiento inicial.
Balcázar enfatizó que, aunque el dictamen internacional aporta un peso relevante, cualquier resolución definitiva dependerá estrictamente de la formalización del pedido por parte de los abogados de Castillo. El Gobierno asegura que actuará con prudencia, estudiando los alcances de esta recomendación para asegurar que cualquier decisión se ajuste a las competencias legales del Estado peruano.
