Más de 3.000 muertos dejó el Caracazo
El marcó histórico nos impone escribir y recordar con dolor la acción criminal ocurrida entre el 27 de febrero y el 1° de marzo de 1989, partiendo de Guarenas y extendiéndose hacia todo el país, la cual superó las 3.000 víctimas mortales, cuando Carlos Andrés Pérez cumplió las órdenes recibidas de su jefe directo Rómulo Betancourt, quien a los días de firmar la Constitución en enero de 1961, dio aquel mandato de “disparar primero y averiguar después”, seguido por los mandatarios de los 40 años del Pacto de Punto Fijo.
Podemos remontarnos a las tres primeras víctimas de agosto de 1959, cuando cientos de desempleados fueron ametrallados en los alrededores de la plaza La Concordia al manifestar para que Betancourt no eliminara el Plan de Emergencia, creado por el contralmirante Wolfgang Larrazábal en los 9 meses que presidió a Venezuela. Esos desempleados fueron en su mayoría los que enfrentaron al perezjimenismo y lograron su derrocamiento. Tenemos que hacer la salvedad del doctor Ramón J. Velásquez en los 8 meses que estuvo al frente del poder cuando destituyeron a CAP.
Nos ubicamos nuevamente en el 27 de febrero (se cumplieron 36 años el pasado jueves), cuando Carlos Andrés Pérez tenía 25 días de haber asumido el mando presidencial para lo que sería su segundo mandato que no pudo concluir por haber sido destituido por actos de corrupción.
En referencia a la magnitud de la toma de posesión de CAP, escogió el teatro Teresa Carreño, obviando el Palacio Federal Legislativo y asistieron 20 mandatarios y personalidades, entre las que destacaron el premio Nobel Gabriel García Márquez, Fidel Castro, Felipe González, Joaquín Balaguer, Mario Soarez, Virgilio Barco, Vinicio Cerezo y el vicepresidente de EEUU, Don Quayle. Después de ese fastuoso acto, Pérez tomó una serie de medidas de carácter económico firmando convenios lesivos impuestos por el Fondo Monetario Internacional e incrementó el precio de la gasolina, el cual fue el factor que comenzó los hechos en Guarenas y generaron el estallido que dejó las miles de víctimas en los sectores populares.
Carlos Andrés Pérez fue expulsado de AD, y el entonces fiscal general, Ramón Escobar Salom, le abrió un juicio por presunta malversación de fondos, por un monto de 250 millones de bolívares de la partida secreta. El cual fue aprobado por el Senado el 20 de mayo de 1993, y el cinco de junio de este mismo año, asumió Ramón J. Velásquez.
