Las denuncias exponen gestión de García Arocha
Desde 2008 Cecilia García es rectora de la Universidad Central de Venezuela, a pesar que debió ocupar el cargo hasta el 2012, por diferentes situaciones y maniobras ostenta hoy “dirigir” la universidad más importante del país.
Por si los 11 años adicionales al frente del rectorado de la UCV no son lo suficientemente cuestionables, las denuncias en su contra por manejos poco apegados a la norma suelen ser más altisonantes.
El apoyo desde la derecha opositora le ha permitido echar mano del discurso de la democracia, pero la realidad dice otra cosa luego del ruido que generó la suspensión de las elecciones en la UCV el pasado 26 de mayo. Como consecuencia vuelven a salir a flote las denuncias en su contra.
Una renuncia con señalamientos de corrupción
El 11 de enero de 2020 el vicerrector administrativo, Bernardo Méndez, presentó su renuncia irrevocable al cargo ejercido desde el 20 de junio de 2008 esgrimiendo que “son múltiples las razones que me llevan a tomar esta decisión que he postergado para evitar un conflicto entre autoridades que afectase a la universidad (…) El Rectorado ha pasado a asumir atribuciones de intervención en las tareas que por ley y reglamentos son competencia del Vicerrectorado Administrativo produciendo el desmembramiento progresivo de su Organigrama Institucional”.
Méndez detalló en su renuncia un largo enumerado de faltas que dejan ver actos de corrupción, autoritarismo y usurpación de poderes por parte de la rectora García Arocha.
Mostró Méndez en su carta que entre las irregularidades que provocaron su renuncia se encuentran la destitución y nombramientos inconsultos de jefes y directores de dependencias adscritas al Vicerrectorado Administrativo; la entrega de disponibilidad presupuestaria desde la dirección de planificación sin su conocimiento; el nombramiento de una comisión de contrataciones centralizada en el rectorado paralela a la existente en el vicerrectorado y las múltiples contrataciones para servicios y obras que se han presentado desde el rectorado con disponibilidad presupuestaria otorgada por la dirección de presupuesto, aunque los recursos no estaban destinados para ese fin.
“El Vicerrectorado Administrativo no tuvo en ningún momento injerencia directa en las operaciones que se realizaron y realizan con las inversiones y disponibilidad en Moneda Extranjera. Desde el traspaso a la UCV, todos los procesos se realizaron directamente desde el Rectorado”, expuso Méndez.
Para dejar constancia de los turbios manejos de García que produjeron la dimisión, Méndez anexó un CD con todos los documentos señalados que sustentan sus denuncias.
En ese momento, el asesor universitario Miguel Alfonzo informó que la renuncia se produjo en plena sesión del consejo universitario y además agregó que la dimisión se debió a “una serie de hechos irregulares efectuados por el equipo rectoral durante los 11 años y 7 meses de gestión en esa instancia”, según dijo en twitter.
Diferentes voces acompañaron las denuncias que sustentan la renuncia de Méndez sobre distintas irregularidades de Cecilia García Arocha.
Robo a los trabajadores
Como la UCV es por mandato legal la responsable de garantizar la seguridad social de sus trabajadores, para el 30 de junio de 2010 el Consejo Universitario, la Asociación de Profesores (APUCV) y Consejo de Profesores Universitarios Jubilados de la UCV (CPUJCV), disolvieron la Fundación Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de Investigación de la Universidad Central de Venezuela (FONJUCV), para que todos los bienes muebles e inmuebles fuesen cedidos en plena propiedad a la UCV y destinados única y exclusivamente a la seguridad social del profesorado de esta casa de estudios.
A propósito, Bernardo Méndez en su renuncia explicó que “pese a que en 2015 el Consejo Universitario (CU) aprobó el informe de liquidación de la Fundación Fondo de Jubilaciones (FONJUCV), el rectorado contravino lo establecido, imponiendo la transferencia de activos y patrimonio en moneda extranjera, constituyéndose en un acto administrativo violatorio a las normas y procedimientos, agravado por el hecho de no haber presentado el punto con toda la información a la hora de la discusión en el Consejo Universitario”.
“El vicerrectorado administrativo no tuvo en ningún momento injerencia directa en las operaciones que se realizaron y realizan con las inversiones y disponibilidad en Moneda Extranjera. Desde el traspaso a la UCV, todos los procesos se realizaron directamente desde el Rectorado” agregó.
Manejo doloso
En una entrevista al diputado Ricardo Sánchez en mayo de 2020, sobre la renuncia de Bernardo Méndez, el entonces presidente de la comisión de educación, ciencia y tecnología de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), manifestó que “la comisión en sesión plena estudió el documento que implica el manejo doloso de recursos de universidad, de la República, y la presunta comisión de hechos contemplados como delitos en la Ley Contra la Corrupción”.
Sobre las afectaciones al patrimonio de la UCV Sánchez respondió a RedRadioVe que “la denuncia expresa con detalles y respaldada por documentos manejos dolosos que incluso superan los 21 millones de dólares, tiene que ver con compras de inmuebles con sobreprecios, por ejemplo el caso de un inmueble en Santa Mónica para el funcionamiento del Centro de Imagenología valorado alrededor de USD 800.000 y terminó la UCV pagando casi USD 3.000.000.
Agregó Sánchez que existe desviación de partidas y “destaca la contratación, por adjudicación directa desde el rectorado, de una empresa para el seguro de los profesores, donde la cobertura es mucho menor en términos de lo que ofrece pero la póliza es 4 y 5 veces más costosa”.
