Golpes, magnicidio y guarimbas: la receta de EEUU contra Venezuela
El 2017 fue un año donde las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos se agudizaron esto como consecuencia de la llegada del extremismo derechista al Gobierno de la Casa Blanca en la figura del magnate republicado Donald Trump, quien asumió la presidencia de este país el 20 de enero de 2017.
Esta administración estadounidense, caracterizada por la arrogancia, volatilidad y prepotencia de su jefe, calificaba a Venezuela como un “problema” para los intereses de los EEUU que debía ser atendida de manera inmediata y con todo el poder que posee la nación norteamericana.
“El próximo presidente de Estados Unidos debe solidarizarse con toda la gente oprimida en nuestro hemisferio y yo defenderé a los venezolanos oprimidos que desean ser libres”, dijo Trump el 17 de septiembre del año 2016 cuando competía por ocupar la Casa Blanca.
2017: Golpe suave y amenaza de invasión
En 1994 surge el ensayo denominado “De la dictadura a la democracia” bajo la autoría de Gene Sharp, un politólogo estadounidense que trabajó para la CIA en la elaboración de técnicas dirigidas a provocar el derrocamiento de Gobiernos por una vía no militar.
Entre los pasos a ejecutar, después de haber creado malestar en la sociedad y desarrollar intensas campañas en defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos, está a lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales y en la manipulación del colectivo para que emprenda manifestaciones y protestas violentas, amenazando las instituciones.
Es así como el 31 de marzo de 2017 se iniciaron en la ciudad de Caracas una serie de protestas cuyo lema era “Maduro renuncia ya”. Estas protestas que se extendieron hasta agosto de ese mismo año, contaron con el apoyo irrestricto de los Estados Unidos que señalaba al Gobierno venezolano de ser una “desgracia para la humanidad”.
Durante estas protestas que se fueron desmasificando hasta ser protagonizadas por pequeños grupos de choque -compuestos en su inmensa mayoría por jóvenes que eran calificados por los voceros de la entonces administración Trump como “luchadores por la libertad”-, se produjeron en el país no menos de 120 muertes y centenares de heridos.
“Al principio valoraba la acción de estos jóvenes, los veía como valientes, porque soportan la brutal arremetida de los cuerpos de seguridad, cosa que yo no me atrevo a hacer, pero de un tiempo para acá, cuando veo que comienzan a llegar motos con encapuchados, me alejo, porque me da miedo, no sé quiénes son”, dijo la manifestante opositora, Rosario Machado a Sputnik en mayo de ese año.
Tras la paz alcanzada con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en agosto, en febrero de 2018 se dio a conocer que, para septiembre de 2017, Donald Trump en reunión con los presidentes de Argentina, Mauricio Macri; de Colombia, Juan Manuel Santos, de Perú, Pedro Pablo Kuczynski y de Brasil, Michel Temer, planteó la invasión contra Venezuela.
“Mi personal me dijo que no hablara de esto”, fue la introducción que hizo Trump antes de plantear a estos jefes de Estado suramericanos la interrogante de si estarían de acuerdo con una “solución militar” en Venezuela obteniendo como respuesta una negativa de todos, según un reportaje de AP citando a funcionarios de la Casa Blanca en condición de anonimato.
Al final de esta cita, el entonces asesor de Seguridad Nacional estadounidense H.R McMaster explicaría al presidente en una conversación a solas cuáles eran los peligros de una invasión que afirmaba le costaría a Washington el apoyo de los gobiernos latinoamericanos, “ganado con gran esfuerzo”.
2018: Drones magnicidas
Tras la victoria de Nicolás Maduro en las presidenciales organizadas en mayo de 2018 se suscita un nuevo plan que buscaba poner fin al Gobierno, esta vez con un carácter más violento y que tenía como objetivo el asesinato del Presidente.
El lugar de los hechos fue la avenida Bolívar de Caracas. Allí el presidente de la República, se encontraba frente a una parada militar compuesto por las diversas unidades de la Guardia Nacional Bolivariana que conmemoraba su 81 aniversario de creación.
Dos drones DJIM600, cargados con un kilogramo de explosivos C4 cada uno, fueron dispuestos para este plan que consistía en acercar estos objetos voladores a la tarima presidencial donde se encontraba el Mandatario criollo para asesinarlo con la explosión.
Esta operación magnicida fue frustrada por la actuación de los efectivos encargados de la custodia presidencial que al observar que el dron no identificado con los que habían dispuesto para la transmisión televisiva se acercaba a la tarima y encendiendo el inhibidor de señal lograron interrumpir con el mando a control remoto y procedieron a su detonación, mientras que el segundo dron se estrelló contra un edificio.
Posterior al atentado surgieron las pruebas que evidenciaban que tanto los drones como el entrenamiento de los ejecutantes habían sido entrenados en Colombia, en la granja Atalanta durante tres meses y se les ofreció 50 millones de dólares y estadía en Estados Unidos.
Los primeros detenidos fueron Juan Carlos Monasterios Vanegas, alias «Bons», y Argenis Gabriel Valero Ruiz, alias «Ingeniero», quien era piloto del dron. En sus teléfonos y computadoras decomisadas constan fotografías y videos de los ensayos de los desfiles militares.
Tras confesiones de los detenidos se determinó que los autores intelectuales de esta operación habían sido los entonces diputados Julio Borges y Juan Requesens, este último detenido y confeso de su participación.
Sobre este hecho, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, confesaría en su libro “La habitación donde ocurrió: memorias de la Casa Blanca” que para la administración Trump “aunque el ataque fracasó, demostró la vigorosa disidencia dentro de los militares” y fue un aliciente para que el presidente norteamericano insistiera en la posibilidad de una invasión militar contra Venezuela: “¡Hazlo! Esta es la quinta vez que lo he pedido”.

2019: Incursión fronteriza y golpe militar
Con el fracaso del intento de magnicidio, se vino la puesta en marcha del llamado “gobierno interino” que, tras ser reconocido por los Estados Unidos como “legítimo”, se puso manos a la obra en las acciones destinadas a provocar el derrocamiento del presidente Maduro.
Entre las primeras acciones estuvo la realizada el 23 de febrero cuando, bajo la premisa de “ingresar a Venezuela ayuda humanitaria” desde Colombia, un grupo de personas intenta ingresar a territorio venezolano con gandolas que posteriormente se evidenció contenían material para las llamadas guarimbas.
Luego de varias horas donde civiles y militares venezolanos impidieron el acceso de las personas y el material dispuesto para generar violencia, el Gobierno denunció que este plan buscaba entablar una especie de “zona liberada” en el estado Táchira para así iniciar una invasión con apoyo militar colombiano y estadounidense que avanzará sobre Caracas, sede del Ejecutivo nacional.
Este señalamiento sería confirmado por Bolton en su libro donde asegura que el fallo se debió a la ausencia de coraje de los militares colombiano que rehuyeron a la confrontación que estaba diseñada.
“Nos enteramos mucho después que existían especulaciones sobre que a los colombianos se les enfriaron los pies temiendo que un choque militar en la frontera los arrastraría (a un conflicto) y que tras los años de guerras internas contra la insurgencia y el narcotráfico las tropas no estaban listas para un conflicto convencional contras las fuerzas armadas de Maduro. ¿Y nadie pensó en eso antes de ese sábado?”, cuestionó Bolton.
Luego de este fracaso, el 30 de abril de abril de ese mismo año el mundo se levanta con la información de la supuesta toma de La Carlota, una unidad militar aérea ubicada en Caracas, por parte de un grupo de militares que se habían alzado contra el Gobierno.
“Hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la constitución han acudido a nuestro llamado”, fueron las palabras con las que Juan Guaidó inició un video posteado en sus redes sociales.
Esta maniobra, que fue bautizada como el “golpe de los plátanos” tras su fracaso, contó el flagrante apoyo de los Estados Unidos tal como lo demostraron los tuits publicados desde tempranas horas por el senador republicano Marcos Rubio y John Bolton, quienes llamaba a apoyar esta intentona.
“La FANB debe proteger la Constitución y al pueblo venezolano. Debe apoyar a la Asamblea Nacional ya las instituciones legítimas contra la usurpación de la democracia. Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela”, escribió el asesor de Seguridad Nacional, que a las pocas horas revelaría su participación en la planificación de este golpe militar al acusar de “traición” al ministro para la Defensa Vladimir Padrino López y al entonces presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrado Maikel Moreno.
“No contestas nuestros llamados”, reveló Bolton en unas declaraciones a las puertas de la Casa Blanca, lo que marcaba el final de una jornada donde el resultado fue la huida del entonces jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Cristopher Figuera y el refugio en la embajada de España, de Leopoldo López, quien se encontraba purgando condena de “casa por cárcel” por su implicación en los hechos violentos de 2014 con el plan de “La Salida”.
2020: incursión mercenaria
Llegado el 2020, Donald Trump se encuentra en el último año de gobierno y en medio de anuncios de campaña para la reelección, en febrero recibe en la Casa Blanca a Juan Guaidó con quien sostiene una reunión que posteriormente se reveló fue para planificar una incursión mercenaria contra el país, utilizando para ello a venezolanos entrenados en Colombia y a mercenarios estadounidenses.
En la reunión donde estaban, Mark Esper, secretario de Defensa y Mauricio Claver-Carone, asesor de Seguridad Nacional, se le planteó al autoproclamado “si los venezolanos estarían dispuestos a organizarse, formarse y combatir porque el Ejército estadounidense tiene experiencia en formar a fuerzas extranjeras”, a lo que Guaidó respondió que “sí, lo estaría”.
Tras este encuentro donde Claver-Carone y Guaidó señalaron como prioridad la preparación de una incursión mercenaria, el 3 de mayo se suscita la operación Gedeón la cual fue aplastada por la actuación de la Policía Nacional Bolivariana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dando con la neutralización y captura de sus ejecutores entre los que se encontraban dos exmarine estadounidenses identificados como Luke Alexander Denman y Airan Berry.
Toda la trama detrás de esta fracasada operación mercenaria quedaría revelada por declaraciones de Jordan Goudrou, exboina verde de los Estados Unidos y representante de la empresa mercenaria Silvercorp, quien dijo a Reuters que Denman y Berry “estaban trabajando conmigo. Esos son mis muchachos”.
Las informaciones derivadas de la investigación señalaron que el gobierno de EEUU comisionó a la DEA para la reparación de esta acción y delegó en una empresa privada, Silvercorp, toda su planificación operativa.
Esta información fue confirmada por el general venezolano Clíver Alcalá Cordones, quien fungió como uno de los preparadores de los venezolanos que formaban parte del grupo de 60 mercenarios que partieron desde la Guajira colombiana hacia las Costas de Macuto y Chuao para ingresar al país con el objeto de asesinar al presidente Maduro y a otros altos funcionarios.
De esta aventura quedaron como elementos de prueba el contrato firmado por Guaidó con Goudrou, quien ahora le demanda por incumplir con los pagos acordados, así como las confesiones de los detenidos, donde en cada una de sus palabras aparece la palabra DEA como principal apoyo para el financiamiento y preparación de esta operación.
Todo este historial de agresiones y amenazas de fuerza realizadas en los últimos siete años, son el reflejo de una política exterior de la Casa Blanca hacia Venezuela signada por el intervencionismo y la promoción de la violencia que comenzó en el 2002 con el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, pasando por el paro petrolero de 2002 y 2003, las guarimbas de 2007 y 2014, así como varios intentos de magnicidio sin mayor resonancia dentro de la mediática que se ha decantado por descalificar todas estas denuncias y hechos bajo el argumento de “supuestos” y “autoatentados”.

