El primer arboricidio de Caracas
Si piensa que la tala injustificada de los árboles es un tema actual que pesa sobre nuestras ciudades, antiguas crónicas de Caracas registran sucesos análogos y execrables. Almas de Caín contra los nobles vegetales han existido siempre. La plétora del clima tropical hacía que desde sus inicios no existiera rincón alguno en la capital sin que la vegetación creciera a sus anchas.
En particular, refiere el historiador Eloy G González las extravagancias del gobernador don José Francisco de Cañas y Merino, quien era hostil de las arboledas y exterminó cuanto árbol existía en la ciudad, en especial los cujíes. Su cólera se fue pronto contra los plátanos y aguacates del convento de los franciscanos, con los cuales acabó en persona, a la cabeza de su tropa y de unos cuantos indios armados de machete. Esta actitud desmedida consta en las actas del Ayuntamiento caraqueño de 1715. En contraste, un objetor, don José de la Plaza, quien a la sazón era el procurador general de la provincia, se resistió a cumplir el mandato del díscolo gobernador para que cortara un árbol de amapola en el patio de su casa, ordenando su encarcelación, acaso el primer mártir ecologista. Mucho antes, el Cabildo se había ocupado de la protección del patrimonio natural. Prueba de ello, es que en el año de 1591 se dictó “la prohibición de cortar cedros sin licencia y para evitar la pérdida de madera, el corte de los troncos debía hacerse con sierra y no con hachas”.
Hogaño, el problema es mucho más complejo por la desidia y ausencia de control de los municipios y el criterio libre —aunque de buena fe— de muchos vecinos en la siembra de árboles inidóneos para calles y avenidas por altura y expansión de raíces, sumado a alcorques impropios, podas inadecuadas y la permanencia de tocones, sin descartar aquellos aviesos ciudadanos que cubren con cemento los hoyos para imposibilitar la siembra. Existen especies propicias para ornato y sombra urbanas. Por ejemplo, jabillos y ficus son para ser plantados en parques, laderas de piedemonte o riberas de ríos y quebradas. Urge inventariar, resembrar y establecer un protocolo pertinente para nuestras ciudades y poblados. Es una obligación prioritaria y compartida de los gobiernos locales y los vecinos.
