EEUU usa su arsenal económico contra Venezuela

El pasado martes se pudo conocer que la Corte de Apelaciones de Londres realizó una audiencia para evaluar el caso del oro venezolano depositado por el Banco Central de Venezuela (BCV) en el Banco de Inglaterra donde fue presentada una carta del Gobierno británico donde notificaba a la jueza Sara Cockerill sobre el cambio de posición en torno al reconocimiento del exdiputado Juan Guaidó como “presidente interino”.

Esta notificación que arroja nuevas luces sobre esta acción que desde las instituciones venezolanas han señalado como “ilegal”, supone una encrucijada para la justicia británica dado que la última decisión de la jueza Cockerill para otorgar el control de estas reservas a la “junta ad-hoc” de Guaidó se fundaba sobre el reconocimiento del autoproclamado como “presidente” por parte del Reino Unido.

La decisión que será conocida en las próximas semanas forma parte del conglomerado de acciones que centrados en la política de desconocimiento a la institucionalidad venezolana se han realizado en Europa y Estados Unidos para afectar la capacidad financiera del Venezuela que, aunado al bloqueo comercial que impedía la adquisición de bienes básicos, buscaban generar el clima de descontento necesario que derivara en un alzamiento popular y el posterior derrocamiento del presidente Nicolás Maduro.

Multimillonario secuestro

El poder energético del país con ingresos que llegaron a superar los 50.000 millones de dólares anuales por concepto de exportación petrolera, se reflejaron en una variada gama de países en los que Venezuela mantenía activos y cuentas para negociaciones con mayor énfasis en materia petrolera.

España, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal y Suiza son algunos de los países donde Venezuela poseía importantes activos que hoy se encuentran “congelados” a raíz del desconocimiento de la institucionalidad venezolana que promovió la Casa Blanca durante la extinta administración de Donald Trump.

Según el presidente Nicolás Maduro, estos activos secuestrados oscilan entre los 24.000 y 30.000 millones de dólares, siendo los de más alto relieve el oro venezolano retenido por el Banco de Inglaterra (casi 2.000 millones) y la empresa Citgo cuyo valor estimado por el Gobierno venezolano se ubica entre los 7.000 y 10.000 millones de dólares.

Según cifras del Observatorio Venezolana Antibloqueo, entre los activos retenidos por Gobiernos y bancos del mundo como consecuencia de las ilegales medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Estados Unidos, Canadá y Europa, se encuentran 7.000 millones líquidos congelados en bancos, 5.000 millones retenidos por el Fondo Monetario Internacional.

Entre los retenidos por bancos resaltan 1.700 millones de dólares retenidos en Portugal por el Novo Banco, así como no menos de 1.400 millones que posee Euroclear, a las que se sumarían recursos líquidos en un total de 30 cuentas que el Estado venezolano posee en el exterior.

Todo comenzó con Obama

Pero este multimillonario secuestro que se agudizó a partir de la creación de un “gobierno” paralelo el 23 de enero de 2019 con la autoproclamación de Juan Guaidó en una plaza pública, tiene sus orígenes en 2014 con el llamado “Decreto Obama”, cuando el entonces ocupante de la Casa Blanca, Barack Obama, firmó una Orden Ejecutiva para declarar a Venezuela como “una amenaza inusual y extraordinaria” a los intereses de los Estados Unidos.

Este decreto permitió la confección de acciones como la ejecutada por el Banco de Inglaterra que en 2018 le negó al Estado venezolano el acceso a 14 toneladas de estas reservas en oro alegando la solicitud realizada por el entonces diputado Julio Borges, quien acompañado de los prófugos Carlos Vecchio y Antonio Ledezma, realizó un periplo por Europa y Norteamérica para solicitar la aplicación de sanciones contra el país, actuación que fue apoyada por Trump, quien mediante la Orden Ejecutiva 13850 impedía operaciones en el sector oro de la economía venezolana.

A la del Banco de Inglaterra, se suman el constante sabotaje que implementaron otras instituciones financieras como el Novo Banco antes de 2019, utilizando como argumento el esquema de sanciones implementadas por Europa y Estados Unidos por petición por Julio Borges, quien como presidente de la Asamblea Nacional en desacato dedicó su gestión a la petición de “sanciones” a Venezuela en lo argumentaba estaba dirigido a impedir “el financiamiento de la dictadura”.

“No podemos darle oxígeno a la dictadura”, señalaba en cada visita donde la premisa era “asfixiar económicamente al régimen”.

En ese mismo periodo de 2018, el presidente Maduro decide emprender un cambio de su política económica destinada a paliar los efectos de las medidas coercitivas unilaterales, entre las cuales se encontraban promover la inversión extranjera a través de la Ley de Protección a la Inversión Extranjera y la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para atraer inversiones en el desarrollo de la explotación petrolera en el país con el objeto de incrementar la producción.

Esta decisión tuvo como respuesta de Estados Unidos, la intensificación de un velado embargo petrolero para impedir que Venezuela pudiera celebrar convenios y comerciar con petróleo y cualquiera de sus derivados con el mundo, así como el impedimento de llevar a cabo cualquier transacción comercial con la moneda norteamericana.

Trump por la estocada final

Sanciones contra 69 buques, persecución a empresas que negociaran petróleo por alimentos, amenazas de sanciones contra posibles inversores en materia petrolera, fueron parte de las medidas ejecutadas por la administración Trump provocando el colapso del mercado petrolero nacional que pasó de casi 5.000 millones de dólares de ingresos por exportación de hidrocarburos en 2018 a 2.500 millones en 2019 y solo 743 millones en 2020.    

Toda esta operación degeneró en una caída vertiginosa de los ingresos de la nación que, en promedio según el Observatorio Venezolano Antibloqueo, fue de 99% y que de acuerdo a los cálculos se transforma en que el país dejó de percibir desde 2015 al menos 44.000 millones de dólares anuales.

Esto se tradujo en una contracción de más del 75% el Producto Interno Bruto al ser comparado con el registrado en 2013 siendo este el último año en que presentó un crecimiento y que antecede al ya conocido “Decreto Obama” que dio curso al plan de quiebre de la economía venezolana auspiciado por Washington bajo la premisa de promover “un cambio de régimen”.

Este derrumbe económico que pudiera ser calificado de catastrófico tuvo su mayor expresión en una hiperinflación que según datos del BCV en 2018 sobrepasó el 1000% para el 2018, mientras que en 2019 fue de más de 600% y en 2020 de más de 250%.

Todo este escenario de devastación económica orquestado con fines políticos a través de la aplicación de no menos de 900 medidas coercitivas unilaterales promovidas desde Norteamérica y Europa, coincidió con la pandemia del Covid-19, que Venezuela afrontó sin la posibilidad de acceder a estos recursos para la adquisición de medicinas y posteriormente vacunas, pese a propuestas que iban desde liberación de algunos de estos activos en cuentas, hasta la creación de un fondo manejado por Naciones Unidas que se nutriría de estos capitales.

Otra de las armas utilizadas por Estados Unidos para garantizar un bloqueo en todas las instancias fue su dominio sobre la Sociedad Financiera para la Telecomunicación Interbancaria Mundial (Swift, por sus siglas en inglés), donde a través de “alertas financieras” se le impidió a entidades e instituciones venezolanas realizar operaciones de pago o recepción de ingresos por ventas a través de este servicio interbancario global.

Comité Locales de Abastecimiento y Producción que garantizaron la entrega de alimentos mensualmente para siete millones de familias y la entrega de Bonos a través de la plataforma tecnológica Patria, fueron parte del esquema implementado por el Gobierno para brindar oxígeno a la población en medio de la estrategia de asfixia hasta la explosión que orquestaba Trump y sus aliados europeos.

“Este ha sido el robo más grande que se ha hecho en esta tierra desde la conquista española. Lo que se ha pretendido robar y permanece secuestrado es una suma milmillonaria”, denunció el presidente Maduro en su último mensaje anual a la nación donde reconoció que pese a que en los años 2021 (0,5% y 2022 (5,6%)se ha registrado un incremento de la actividad económica los efectos de las sanciones “sigue siendo brutal”.

“Levanten las sanciones criminales sobre el pueblo de Venezuela. ¡Ya basta de persecución económica y financiera!”, sentenció.

EEUU y la ilegal extraterritorialidad de sus leyes

Las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra Venezuela han representado un ataque frontal contra su economía que, pese a mostrar signos de recuperación, sigue siendo objeto de una persecución por parte de los Gobiernos de los Estados Unidos y sus aliados europeos.

Estas llamadas sanciones que, según el Mandatario criollo provocaron la pérdida de más de 232.000 millones para la economía venezolana, han estado acompañada de una serie de acciones dirigidas a garantizar su cumplimiento bajo el esquema de la aplicación de la extraterritorialidad de las leyes estadounidenses.

En este esquema el Departamento de Justicia ha sido elemento vital empleado por Estados Unidos para promover causas contra funcionarios, políticos, empresas, Gobiernos y Estados que consideran vulneran las llamadas sanciones.

La “Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero” (FCPA por sus siglas en inglés) entrada en vigencia en 1977 y a la cual le fue otorgada desde su nacimiento un alcance global por dictamen del Congreso estadounidense es uno de los instrumentos aplicados para perseguir y judicializar a cualquier individuo, institución, empresa o Gobierno en el mundo que desde Estados Unidos se considere que está incurriendo en los delitos de lavado de dinero y activos, narcotráfico o financiación al terrorismo.

Acusan sin pruebas

En el caso de Venezuela, esta legislación ha sido aplicada contra funcionarios del Gobierno, incluyendo al presidente Maduro, empresas como PDVSA, contra organismos de seguridad y defensa como la Fuerza Armada y contra la extinta Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.

Basados en esta extraterritorialidad de la FCPA, el pasado 26 de marzo de 2020, el fiscal general de EEUU, William Barr, anunció la presentación de cargos en tribunales de su país contra el presidente de Venezuela por los delitos de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, y tenencia de armas y otros artefactos destructivos.

Este anuncio que, además del Presidente, incluía a varios dirigentes del Gobierno, fue adornado por carteles donde se ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por la captura del jefe de Estado venezolano, esto sin que hasta el momento se hubiese presentado prueba alguna sobre estas acusaciones más allá del discurso donde Barr aseguraba que “Maduro es el líder de una organización criminal conocida como el Cartel de los Soles”.

“Durante más de 20 años Maduro y un alto número de aliados conspiraron supuestamente con las FARC provocando que toneladas de cocaína entraran y devastaran comunidades estadounidenses”, dijo Barr, quien confesó que esta acción buscaba obtener el mismo impacto que tuvo una acción similar en 1989 contra el entonces presidente panameño Manuel Noriega, quien fue derrocado tras una invasión militar estadounidense.

“Es lo mejor que podemos hacer en este momento: hacer lo posible para que el pueblo de Venezuela pueda salir de esta gente”, señaló el fiscal gringo.

El secuestro como arma

Además de esta acusación sin que a la fecha se haya presentado algún elemento de prueba, otra prueba de la extraterrotorialidad de las leyes estadounidenses ha sido el secuestro del diplomático venezolano Alex Saab, quien fue detenido mientras se encontraba cumpliendo con una Misión Humanitaria facultado por el presidente de la República en calidad de Enviado Especial.

Detenido en Cabo Verde a petición de Estados Unidos, pese a haber presentado sus credenciales como diplomático de un Gobierno soberano, y posteriormente extraído a territorio estadounidense para ser enjuiciado bajo la acusación de “conspiración para cometer lavado de dinero”, Saab permanece retenido por la justicia estadounidense violando tratados internacionales donde establece el derecho inviolable a la inmunidad diplomática.

Para Venezuela el motivo de la retención de este diplomático fue su labor como pieza clave para vulnerar el bloqueo impuesto por Trump al lograr traer al país alimentos, medicinas y combustibles desde Irán y Rusia, aseveración que fue confirmada posteriormente por el exsecretario de Defensa, Mark Esper, en su libro “Un juramento sagrado”.

“Bajo la dirección de Maduro, Saab habría estado en Misión Especial para negociar un acuerdo con Irán para que Venezuela reciba más combustible, alimentos y suministros médicos. Saab era el hombre de confianza de Maduro cuando se trataba de elaborar los acuerdos económicos y otras transacciones que mantenían al régimen a flote”, revela.

Otro caso emblemático es la retención por parte de la justicia argentina del avión de Emtrasur, esto en cumplimiento de una orden judicial de Estados Unidos que ordena el decomiso de esta aeronave propiedad del Estado venezolano bajo el argumento de haber sido adquirida sin previamente notificar a las autoridades estadounidenses.

“Pretenden robarnos un avión propiedad de Venezuela, legalmente propiedad de Venezuela, en la Argentina por mandato de un tribunal imperial”, denunció el jefe de Estado criollo ante esta flagrante muestra de la extraterritorialidad de las leyes estadounidenses que, afianzadas en el poder económico y militar de este país, se usan para atacar a aquellos que consideran contrarios a sus intereses.