Corte Suprema de EEUU podría declarar ilegales aranceles de Trump
La Corte Suprema de Estados Unidos ha comenzado a revisar la legalidad de los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump, en un caso que podría redefinir los límites del poder ejecutivo y poner fin a una de las políticas económicas más controvertidas de su administración.
Durante una audiencia de más de dos horas y media, varios jueces —incluidos miembros del ala conservadora del tribunal— expresaron serias dudas sobre el uso que hizo Trump de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una norma diseñada para situaciones excepcionales, no para justificar una guerra comercial contra casi todos los socios comerciales de EEUU.
El presidente del tribunal, John Roberts, fue claro al afirmar que «los aranceles son impuestos a los estadounidenses, y ese siempre ha sido el poder central del Congreso». Esta declaración subraya el riesgo de que Trump haya excedido su autoridad constitucional al imponer tarifas sin aprobación legislativa.
Trump intimida al Poder Judicial
La reacción del presidente no se hizo esperar. En un tono iracundo y desafiante, Trump calificó de «catastrófica» la posibilidad de que la Corte Suprema declare ilegales sus aranceles. «Sería algo catastrófico para nuestro país, tengo que ser honesto con ustedes», dijo desde la Oficina Oval, en lo que muchos interpretan como un intento de intimidar al poder judicial y desacreditar su papel como contrapeso institucional.
Este tipo de declaraciones evidencian un preocupante desconocimiento —o desdén— por el sistema de pesos y contrapesos que rige la democracia estadounidense, donde el Congreso y la Corte Suprema tienen la responsabilidad de limitar el poder presidencial cuando este se extralimita.
Trump ha defendido su política arancelaria alegando que ha generado miles de millones de dólares para el país y que esos ingresos han sido utilizados para la «defensa nacional». Sin embargo, expertos y legisladores advierten que los aranceles no son pagados por gobiernos extranjeros, sino por consumidores y empresas estadounidenses, lo que ha generado tensiones económicas internas y represalias comerciales en el exterior.
La impugnación legal fue presentada por empresas afectadas y por 12 estados —la mayoría liderados por demócratas— que denuncian el uso desproporcionado de una facultad presidencial reservada para emergencias reales. Si la Corte Suprema falla en contra de Trump, su política económica más emblemática podría quedar anulada o severamente limitada, marcando un precedente histórico sobre los límites del poder presidencial en materia comercial.
