22 abril, 2026
De San Remo a Caracas

La corrupción en Venezuela no comienza desde los primeros pasos de república independiente. Mucho antes, con los “adelantados” españoles y toda esa gente que llegaron en expediciones a nuestras tierras, entre ellos prisioneros de cualquier calaña beneficiados con la libertad a cambio de participar en los viajes de Colón, llegaron también los primeros corruptos y ese hecho, en parte, explica a posteriori la instalación del Juicio de Residencia mediante el cual toda autoridad era sometida a investigación al culminar su mandato, lo que públicamente se anunciaba con el pregón o voz pública exhortando a los habitantes de la provincia a presentar quejas, reclamos o denuncias de la conducta y abusos de aquella autoridad. En ese entonces, ante el juez de Residencia se iniciaba una instrucción judicial: 60 días para oír denuncias y 60 días más para ser resueltas mediante sentencia condenatoria o absolutoria. De manera que el peculado y el enriquecimiento ilícito que se cometían, al igual que otros delitos, eran juzgados mediante el Juicio de Residencia. Históricamente, la corrupción no ha dejado de existir. Es por ello que la República, bajo las características de oligárquica, esclavista y latifundista, tal como la define José Hermoso González en su libro Corrupción o Revolución, nace políticamente corrompida luego de concluida la guerra de independencia y separada Venezuela de la Gran Colombia, pero antes ya Bolívar había enfrentado la corrupción con la pena capital desde Lima en enero de 1824.

Lo he dicho: por desgracia hay frases que dejan memoria en un silencio de indignación, como la pronunciada por Gonzalo Barrios: “El funcionario público roba porque no tiene razones para no hacerlo”. Esa frase pareciera venir de un extraño y remoto paternalismo, dejándose en el olvido la pregunta obligada: ¿Quién no tiene razones para no hacerlo? Por supuesto, la respuesta arranca desde el momento en que se instituyó la Real Hacienda, distante y hostil al criollo vasallo de la corona española. De ahí la costumbre de mirar los dineros públicos como cosa baldía, de nadie, y dejar pasar tanto ladrón por la administración pública que aún, hoy en día, no quiere conocer de razones éticas, morales e incluso jurídicas, para no robar o apoderarse indebidamente de los bienes del patrimonio público. En fin, es corrupción de vieja data, pero hay que acabarla cueste lo que cueste.

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