Competente y de reconocida honorabilidad

En estos tiempos de postulaciones para el cargo de magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia es de vital importancia tener en cuenta las dos exigencias de mayor peso que merecen atención e interés en la escogencia de los candidatos. Lo primero que exige el texto constitucional en el ámbito moral de esa escogencia es que el aspirante a magistrado sea una persona de reconocida honorabilidad.

Esta cualidad se completa con la exigencia de una capacidad intelectual y de tener buena reputación en el orden social, es decir, la Constitución bolivariana exige que el ciudadano aspirante sea un jurista de reconocida competencia, así como gozar de buena reputación en la sociedad venezolana.

Ser una persona honorable significa digno de ser honrado. Es rectitud en el comportamiento desde el ámbito de la honradez. Por eso se ha dicho que la rectitud en el obrar es lo que debe caracterizar a un magistrado o magistrada del TSJ. Pero, y aquí viene el momento de los sinsabores en los nombramientos de magistrados, porque no siempre ha existido una correspondencia o conformidad de esas designaciones con las exigencias constitucionales, y por ello hemos observado en los últimos años las faltas graves y gravísimas en el ejercicio del cargo de algunos magistrados sin talento y sin probidad.

Desde los tiempos de la extinta Corte Suprema de Justicia, cualquier designación de magistrados venía con la predisposición de nombramientos por “compadrazgo” y también por consanguinidad o afinidad. Esos nombramientos se hacían por obra y gracia de dos señores del alto poder, uno adeco y otro copeyano, que designaban “a dedo” a los magistrados. Hoy se designan con más formalidad y exigencias de la Constitución, pero caemos en el mismo vicio y nunca designamos a los que verdaderamente deben ser. Por esa razón se dan los casos de magistrados cuestionados por impericia jurídica o por actos de corrupción que ya no sorprenden a nadie. 

A veces sentimos como una añoranza de aquellos tiempos cuando la gente hablaba de la “majestad del poder judicial”. Esa especial distinción de “majestad” se manifestaba en un respeto de sumo grado hacia las personas que administraban justicia, algo así como un culto a la justicia y una veneración a ese juez que actuaba con rectitud, al margen de la duda y sin miedo, siempre con entereza, exactitud y rigor en el cumplimiento de la ley.