Boluarte: 69 muertos en 60 días de gobierno

Este 7 de febrero se cumplieron 2 meses del gobierno interino de Dina Boluarte. El balance no es para nada positivo. Más de 69 personas fallecidas y más de 2 mil heridos en el contexto de las protestas, según el último balance de la Defensoría del Pueblo peruana quien detalló que medio centenar de ellas fueron víctimas del uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

De la misma manera, la impopularidad de Boluarte hace contraste con el panorama incierto de su gestión, porque precisamente no representa a los sectores invisibilizados de la población quienes son los que piden su salida.

En las calles de Perú las demandas son claras: Renuncia de Boluarte, adelanto de elecciones y una Asamblea Constituyente que pueda dar lugar a una nueva Constitución “plurinacional”.

De renunciar al poder Dina Boluarte podría recibir de 15 a 20 años de prisión por la dantesca cifra de muertos bajo su gestión, según expertos juristas peruanos.

Congreso entrampado

La crisis política se agrava en el Poder Legislativo, al que le corresponde debatir y aprobar una fecha adelantada para los comicios, se encuentra entrampado en su propia dinámica interna, en la que cada sector puja por defender sus intereses y su curul, sin que se logre un acuerdo.

La Comisión de Constitución del Congreso de Perú rechazó la más reciente propuesta presidencial de adelanto de elecciones para octubre de este año, y bloqueó la posibilidad de debatir sobre este tema hasta agosto, cuando se inicie la segunda legislatura.

Esto hunde la propuesta de que los comicios se lleven a cabo en 2023 y pone cuesta arriba la tentativa de que los peruanos vayan a las urnas en 2024, dos años antes de 2026.

Economía en declive

Recientemente el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, entregó un informe, revelando que Perú pierde 554 millones de dólares por las protestas de calle siendo Cusco, Puno y Madre de Dios, las regiones más afectadas.

Un estudio revelado por la Cámara de Comercio de Lima, ha detallado que más de un millón de peruanos podrían perder sus empleos por estas paralizaciones, que equivalen al 27.8% del trabajo formal en Perú.

Detenciones arbitrarias y asedio a periodistas

Durante el interinato de Dina Boluarte, se han denunciado ciento de detenciones arbitrarias y asedio a periodistas. Dentro de las detenciones están incluidas las de menores de edad y reporteros, algunos de los cuales se quejaron de haber sido maltratados.

Organizaciones de Derechos Humanos también han documentado cientos de casos de acoso y ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos. Estos abusos representan un grave deterioro de los DDHH en Perú.

Aunque Boluarte ha recalcado “estar comprometida “con los DDHH hasta el momento no hay un funcionario detenido por las masacres cometidas en Puno y Juliaca, donde en un solo día murieron 17 personas todas por armas de fuego.

El Gobierno ha hecho hincapié en elogiar a las fuerzas de seguridad y vilipendian a los manifestantes, felicitando a la policía por su “conducta inmaculada” mientras culpan a los manifestantes de provocar el “caos“.

Nueva escalada de denuncias contra Castillo

Pedro Castillo Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Barbadillo, en Lima, donde fue privado de libertad tras ser destituido.

La semana pasada, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la cuestión previa hecha por su defensa para intentar anular la investigación por el presunto delito de rebelión, del que se le señala.

Sus abogados sostienen que no se le hizo un antejuicio político ni se le concedió el derecho a la defensa en el Congreso.

El maestro rural también solicitó al Poder Judicial que se anulara la resolución de vacancia emitida por el Parlamento por “incapacidad moral permanente”, recoge RPP.

Nueva escalada

La Comisión Permanente del Congreso de la República sesionó ayer para debatir y votar el informe final de la denuncia constitucional que presentó la fiscal de Nación, Patricia Benavides, contra el expresidente Pedro Castillo por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada en los casos Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda, informaron medios locales peruanos.

El informe final recomienda acusar a Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Esta comprende a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado.