17 abril, 2026
¿Qué significa el fin de las sanciones al BCV? Habla un economista

La mandataria encargada, Delcy Rodríguez, informó este jueves que Laura Guerra presentó su renuncia a la presidencia del Banco Central de Venezuela (BCV). En su lugar, la funcionaria anunció la designación de Luis Pérez para encabezar el organismo emisor, un movimiento que ocurre apenas dos días después de que la administración de Donald Trump decidiera levantar las sanciones financieras que pesaban sobre el sistema bancario público del país.

Durante un encuentro con autoridades del sector económico transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez confirmó la noticia al declarar: “He recibido una comunicación de la licenciada, la doctora Laura Guerra, que ha presentado su renuncia al Banco Central de Venezuela”.

Laura Guerra, quien se desempeñaba en el cargo desde abril de 2025, “seguirá con otras actividades en el ámbito de Gobierno”, según detalló Rodríguez.

Esta misma semana, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió la Licencia General 57, que autoriza transacciones financieras con entidades estatales clave como el Banco Central de Venezuela (BCV), el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro.

El documento oficial estipula que, desde el 14 de abril, se autorizan las operaciones que antes estaban restringidas por las Regulaciones sobre Sanciones a Venezuela (VSR), siempre que estas “sean habituales y necesarias para la prestación, exportación o reexportación, directa o indirectamente, de servicios financieros” a, desde o en beneficio de las cuatro entidades bancarias.

La disposición de Washington también abarca a cualquier entidad donde las instituciones mencionadas tengan una participación, ya sea individual o conjunta, igual o superior al 50 %.

Asimismo, se autorizan las transacciones para cualquier individuo cuyos activos estén bloqueados únicamente de conformidad con la Orden Ejecutiva 13.884 por cumplir con la definición de “Gobierno de Venezuela”, incluyendo a sus empleados actuales, pero excluyendo a cualquier individuo identificado en la “Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN)” de la OFAC.

Por otro lado, Washington también dio luz verde a la negociación de “contratos contingentes”. relacionados con operaciones comerciales con el Gobierno de Venezuela, con autorización previa de Washington.

Promulgada la Ley de Minas

La presidenta encargada también procedió este jueves a la promulgación de la nueva Ley Orgánica de Minas, texto legal que fue sancionado por el Parlamento el pasado 9 de abril.

Al momento de firmar el ejecútese, Rodríguez manifestó: “Queda, a partir de este momento, promulgada la Ley Orgánica de Minas. Aquí está, se la entrego al pueblo de Venezuela, esta ley que permitirá captar importantes inversiones”.

En este marco, la funcionaria expresó su agradecimiento al presidente estadounidense Donald Trump, a su secretario de Estado, Marco Rubio, y otros miembros del gobierno de Washington, quienes, según Rodríguez, que han estado “interviniendo en todo este proceso, por la buena disposición en la dirección de tener relaciones diplomáticas y económicas de cooperación con Venezuela adaptadas a una realidad que permite que se conozca la verdad” del país.

La mandataria resaltó que este nuevo marco jurídico para la minería busca ofrecer garantías a los inversionistas y establece la creación de la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera (Sunamin). Explicó que esta institución tiene el propósito de que “todo el proceso de inversión, de desarrollo, de producción y de comercialización en el área de minas esté completamente acompasado y coordinado y se pueda dar un mejor desempeño”.

Las cifras oficiales compartidas por Rodríguez indican que el sector de la minería experimentó un crecimiento del 10,9 % durante el año pasado.

La nueva legislación, que consta de 131 artículos, sustituye a la Ley de Minas de 1999 dictada por Hugo Chávez.

Washington ha mostrado interés en los recursos auríferos de Venezuela, especialmente después de la visita a Caracas del secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum. Tras dicho encuentro diplomático, el Departamento del Tesoro emitió licencias específicas para permitir a empresas norteamericanas participar en actividades de explotación y venta de oro venezolano.

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