Corte avala ley que impide comprar viviendas en Florida a ciudadanos chinos
La reciente decisión del Undécimo Circuito de Apelaciones de EEUU que permite la aplicación de la Ley SB 264 en Florida ha encendido alarmas entre organizaciones defensoras de derechos civiles, al considerar que esta legislación no solo es discriminatoria, sino que también revive prácticas racistas del pasado. La ley prohíbe a la mayoría de ciudadanos chinos —y restringe a otros provenientes de Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte, Rusia y Siria— adquirir propiedades cerca de infraestructuras consideradas «críticas», bajo el argumento de proteger la seguridad nacional.
Esta narrativa, que vincula la nacionalidad con amenazas a la seguridad, recuerda las infames leyes de tierras extranjeras del siglo XX, que impidieron a inmigrantes asiáticos —principalmente chinos y japoneses— poseer tierras en varios estados. La SB 264, al enfocarse de manera desproporcionada en ciudadanos chinos, perpetúa el estigma de que los asiáticos son «extranjeros perpetuos», incapaces de integrarse plenamente en la sociedad estadounidense.
Organizaciones como ACLU y CALDA han denunciado que esta ley «instrumentaliza falsos alegatos de seguridad nacional contra los asiáticos y otros inmigrantes», generando un efecto intimidante entre comunidades chino-estadounidenses que simplemente desean establecerse y contribuir al tejido social de Florida.
Más allá del mercado inmobiliario, esta política se inscribe en una tendencia más amplia de exclusión institucional que se intensificó durante la administración Trump. En 2020, el gobierno canceló becas y restringió el acceso a estudios superiores para estudiantes chinos, especialmente en áreas de ciencia y tecnología, bajo sospechas infundadas de espionaje. Estas medidas no solo afectaron el desarrollo académico de miles de jóvenes, sino que también reforzaron una narrativa de desconfianza hacia los ciudadanos chinos, incluso aquellos con vínculos legítimos y pacíficos con EEUU.
La combinación de estas acciones —prohibiciones territoriales, restricciones educativas y discursos alarmistas— configura un patrón de xenofobia institucional que amenaza los valores democráticos de inclusión y equidad. En lugar de fomentar el entendimiento intercultural, se promueve el miedo y la segregación, debilitando el tejido social y económico del país.
Ashley Gorski, abogada de ACLU expresó sobre esta controversia: «Todas las personas, sin importar de dónde vinieron, deberían ser libres de comprar casas y construir sus vidas en Florida sin temor a la discriminación». Esta afirmación resuena como un llamado urgente a defender los derechos fundamentales frente a políticas que, bajo el disfraz de seguridad, perpetúan prejuicios históricos.
