Lula condena masacre en Río y exige investigación independiente
Desde Belém, en el contexto de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima (COP30), el presidente Luiz Inácio Lula da Silva rompió el silencio sobre la operación policial en Río de Janeiro que dejó 121 muertos.
Lula calificó el hecho como una “masacre” y exigió una investigación independiente para esclarecer las condiciones en que se ejecutó.
Las declaraciones marcan un giro en el discurso oficial, tras días de silencio y una única publicación sin posicionamiento político claro.
“La orden era de arresto, no de ejecución”
Durante su encuentro con la prensa internacional, Lula expresó:
“Hubo una masacre. Creo que es importante verificar las condiciones en que ocurrió. La orden del juez era de arresto, no de ejecución”.
El mandatario cuestionó el uso excesivo de la fuerza y advirtió que, aunque algunos consideren la operación un éxito por el número de muertos, desde la perspectiva del Estado fue “funesta”.
Fuentes cercanas al gobierno reconocen que el tema de la seguridad pública es uno de los más sensibles para la imagen presidencial. La matanza en los complejos habitacionales de Penha y Alemão reactivó el debate sobre:
- Los límites del uso de la fuerza policial
- La falta de control sobre operaciones en favelas
- La impunidad y los abusos de poder
Organizaciones de derechos humanos han calificado el operativo como una violación sistemática de garantías fundamentales.
Propuestas legislativas y supervisión federal
En respuesta a las críticas, el Ejecutivo impulsa dos iniciativas clave:
- Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) sobre Seguridad Pública: busca ampliar las atribuciones de la Policía Federal para combatir delitos ambientales y crímenes interestatales e internacionales.
- Proyecto de ley antifacciones: endurece penas y facilita la confiscación de bienes de líderes criminales.
Ambas medidas enfrentan resistencia de gobernadores y opositores, que advierten sobre una posible concentración excesiva de poder en el ámbito federal.
El Ministerio de Justicia informó que solicitará informes detallados a las autoridades de Río y estudia la creación de un mecanismo nacional de supervisión para operaciones policiales letales. El Congreso prevé retomar esta semana las audiencias sobre el PEC, en medio de presiones para que el Gobierno presente un plan federal de reducción de la violencia urbana antes de fin de año.
