Denuncian a la jueza Greismar Jaimes por desacatar criterios del TSJ
El comerciante Jaime Jesús Ruiz Bernal (75) introdujo una denuncia formal ante la Inspectoría General de Tribunales contra la Jueza 12° de Control del Estado Zulia, Greismar Yaremi Jaimes Ruiz, por presunto desacato a la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
En el escrito, registrado bajo el número IGT22-25-01922 y vinculado al expediente 12C-32820-25, Ruiz Bernal acusa a la funcionaria de haber instrumentalizado el proceso penal como mecanismo de presión indebida en un conflicto estrictamente civil, conducta que calificó como “terrorismo judicial”.
La Sala Constitucional prohíbe (a través de numerosas sentencias) utilizar la justicia penal para resolver conflictos de naturaleza civil, mercantil.
Igual prohibición ha establecido el Ministerio Público a través de la circular N DGI-01-2018 donde se enfatiza que ‘’el proceso penal debe reservarse para hechos con relevancia penal clara, evitando su instrumentalización en disputas patrimoniales’’.
El denunciante relató que la jueza dictó una orden de aprehensión contra su hijo, Jaime Andrés Ruiz Salamanca, sin respetar las formalidades procesales y, además, ignoró una denuncia de fraude procesal que ya reposaba en el expediente.
Ruiz Bernal subrayó que el origen de todo el proceso se encuentra en las actuaciones de la entonces Fiscal 8 del Ministerio Público, Mariangelis Araque Díaz, actualmente privada de libertad por estar presuntamente incursa en hechos de corrupción. Según Ruiz Bernal, dicha Fiscal lo sometió a un intento de extorsión y, al negarse a pagar, ordenó en represalia la aprehensión de su hijo.
“Hoy la fiscal se encuentra detenida por orden del Fiscal General de la República, reconocida públicamente como parte de un esquema de corrupción; sin embargo, mi hijo continúa privado de libertad bajo actuaciones que nacieron de esa extorsión inicial”, afirmó Ruiz Bernal en el documento consignado.
Mediante la denuncia, Ruiz Bernal solicitó a la Inspectoría General de Tribunales abrir una investigación disciplinaria contra la jueza y adoptar medidas para restablecer el debido proceso y la tutela judicial efectiva, destacando que mantener en curso un proceso de origen viciado constituye una vulneración grave al orden constitucional y a la doctrina vinculante emanada del TSJ.
