Usar la fuerza y atacar el derecho
Esa ficción de poder conferida a Guaidó con la cual un sector de la oposición y los parlamentos bajo dominio de la ultraderecha internacional pretenden investir de presidente electo a González Urrutia, hace que lo enigmático de la expresión “poder” extienda su sentido para dar a entender que lo oscuro y difícil de justificar o de comprender es posible con la violación del derecho internacional y la connivencia de los grandes centros de poder. Por supuesto, a sabiendas del montaje y con conciencia de ser útil para influir y conseguir sus propósitos, esa ficción de poder en el caso venezolano ha resultado el gran negocio económico de la oposición en medio de una guerra económica y financiera, mediática y de redes sociales, de injerencia en los asuntos del país y de sanciones causantes de daños. Todo un plan de opositores que han solicitado no sólo las sanciones sino que, además, piden intervención militar, así como la contratación de mercenarios para invadir, asesinar y derrocar el Gobierno.
Son los enemigos de Venezuela y una oposición antipatria que vienen ejecutando su plan de usar la fuerza y atacar el derecho. De manera que es importante el debate en la Asamblea Nacional en cuanto a reformar las leyes electorales y modificar la sanción penal del delito de traición a la Patria y otros delitos contra ella, lo que significa tener presente el artículo 130 de la Constitución bolivariana en cuanto al deber de honrar y defender a la Patria, así como el artículo 44 de la misma ley suprema en relación a la libertad personal. Este último artículo relacionado con las penas, requiere, en caso de modificación, de la reforma constitucional, bien a través de la enmienda o de la reforma constitucional propiamente dicha.
En los actuales momentos los enemigos del chavismo y del país quieren provocar el caos, a raíz de los resultados electorales. No hay dudas que son alentados por gobiernos extranjeros. En situación como esa y el añadido de supuesta violación de derechos humanos, buscarán poner en juego la posibilidad de intervención militar bajo la excusa de la “responsabilidad de proteger” que no es otra cosa que una trampa disfrazada de “intervención humanitaria” que sólo ha servido para la expansión geoestratégica, apoderamiento de recursos naturales, o de intervención militar para colonizar a los pueblos. De eso se trata: usar la fuerza y atacar el derecho.
