Venezuela pidió ‘reunión urgente’ del Consejo de Seguridad de la ONU ante agresiones de EEUU en el Caribe

El Gobierno de Nicolás Maduro anunció este jueves que solicitó una “reunión urgente” del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ante lo que calificó como “agresiones” y operaciones militares “sin precedentes” de Estados Unidos en el Caribe.

En una carta dirigida al embajador Vassily A. Nebenzia, actual presidente del Consejo de Seguridad, el Ejecutivo venezolano afirmó que las acciones estadounidenses en el Caribe “ponen en claro peligro la paz, la seguridad y la estabilidad regional e internacional”.

El documento señala que, desde la llegada de Donald Trump a la presidencia en enero pasado, Washington ha ejecutado “una serie de acciones orientadas a intensificar la agresión” contra Venezuela con el fin de “avanzar sus políticas de cambio de régimen” y “hacerse con el control de los vastos recursos naturales” del país.

Según Caracas, en las últimas semanas se ha registrado en el sur del Caribe un “despliegue militar sin precedentes” por parte de Estados Unidos que incluye “destructores misilísticos, aviones de combate, tropas élite, activos utilizados en operaciones especiales y misiones encubiertas, e incluso un submarino nuclear, todos ubicados a escasas millas de las costas venezolanas”.

“Esto constituye una violación de la letra y el espíritu del Tratado de Tlatelolco, respecto del cual Estados Unidos tiene obligaciones jurídicamente vinculantes como parte de sus Protocolos I y II, así como una clara afrenta a la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz”, subraya la carta.

El Gobierno venezolano reiteró que la presunta lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico “ha servido de máscara” para estas acciones, y recordó que, según datos de agencias internacionales y estadounidenses, más del 87 % de la droga que ingresa al país norteamericano proviene del Pacífico y no del Caribe.

Ante ello, Caracas calificó las operaciones militares de Washington como “desproporcionadas e injustificadas”, y denunció que han dejado cinco embarcaciones destruidas y varios tripulantes muertos, a quienes describió como “víctimas de ejecuciones extrajudiciales”.

Aseguró que estas acciones representan “una violación flagrante de los derechos humanos, incluyendo el más sagrado de todos, el derecho a la vida, así como una negación del ius cogens y del principio universal de la presunción de inocencia”.

La administración de Maduro también advirtió sobre los riesgos de “confundir deliberadamente el terrorismo con el crimen transnacional organizado”, este último —precisó— siendo “una problemática de orden público y no de índole militar”.

En la misiva, compartida por el canciller Yván Gil en Telegram, el Gobierno denunció además presuntas incursiones de aeronaves estadounidenses en la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía, que “ponen en peligro la seguridad de la aviación civil” y “buscan generar un episodio de choque directo”.

También citó varias declaraciones de Trump, entre ellas la del pasado 4 de octubre, cuando sugirió trasladar las operaciones antinarcóticos del mar a tierra firme, lo que Caracas considera una “amenaza inminente a la soberanía nacional” mediante “supuestos ataques preventivos o una incursión militar directa disfrazada de legítima defensa”.

El texto menciona además la reciente votación en el Senado de Estados Unidos, donde se rechazó una propuesta demócrata que buscaba detener la campaña militar ordenada por Trump en aguas del Caribe. El Gobierno venezolano advirtió que, tras esa decisión, “existe ahora la posibilidad de que Washington intensifique sus acciones hostiles en la región”.

El Ejecutivo alertó que un posible ataque armado contra Venezuela “podría ocurrir en un muy corto plazo”, considerando “la movilización militar en curso, la escalada de acciones provocadoras y la retórica cada vez más incendiaria”.

Asimismo, advirtió que una agresión tendría “graves repercusiones sobre la paz y la estabilidad de toda América Latina y el Caribe”, pudiendo generar un aumento de la migración y “propiciar caldos de cultivo para otros flagelos, incluyendo el terrorismo, el extremismo violento y el mercenarismo”.

El Gobierno insistió en que “no existe conexión alguna entre la fábula de la lucha contra las drogas y las acciones sobre el terreno”, lo que demostraría —según el texto— que “las más altas autoridades estadounidenses ya han tomado una decisión” respecto a una “agresión militar”.

“A la luz de todo lo anterior, y teniendo en cuenta la irracionalidad del actual gobierno de los Estados Unidos de América, que incluso ha declarado en días recientes su decisión de cerrar toda vía de contacto diplomático con nuestro país, solicito por esta vía, en nombre del pueblo y Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, se convoque con carácter de urgencia a una reunión del Consejo de Seguridad”, prosigue la carta.

El objetivo, añadió, es “determinar la existencia de una amenaza a la paz y formular recomendaciones para frenar los planes de agresión estadounidense en curso”.

El Ejecutivo cerró el comunicado reiterando que Venezuela “no es una amenaza para nadie” y reafirmó “el compromiso con el diálogo y la diplomacia como únicas vías para resolver diferencias”, así como la “determinación del pueblo venezolano de defender, en unión cívico-militar, su independencia nacional”.