Se enfrentaron por un puesto de estacionamiento en El Guarataro

La sede del Servicio de la Policía Comunal de la parroquia San Juan, en Caracas, fue el escenario de una disputa entre dos vecinos de un edificio de apartamentos en el sector El Guarataro. El conflicto lo desencadenó un malentendido generado por un puesto de estacionamiento que estuvo desocupado hasta que el demandado se apoderó de este, sin el permiso del propietario.

En entrevista con Últimas Noticias, Michael Ruiz, primer inspector del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (Cpnb) y encargado de la sala de mediación de la parroquia San Juan, contó que el problema comenzó cuando el dueño del estacionamiento se ausentó por un viaje.

Su ausencia fue interpretada como una oportunidad por un residente del edificio, quien aprovechó el espacio vacío para estacionar su vehículo dañado, mientras que el lugar que por norma le corresponde en el estacionamiento dentro del conjunto residencial lo usaba para aparcar un automóvil que su hijo le había prestado, entretanto resolvía el inconveniente de su propio carro.

Estas acciones las había llevado a cabo sin la autorización del propietario del espacio que ocupó en el estacionamiento. No imaginó que su decisión desencadenaría un impasse con su vecino que, tras llegar de su viaje fuera de la ciudad capital, se encontró con que no podía usar su puesto de estacionamiento.

La persona afectada dijo al infractor que necesitaba estacionar su automóvil en ese lugar, pero la respuesta no fue la que esperaba, pues, si bien el denunciado le precisó que movería el vehículo del estacionamiento, no especificó en cuánto tiempo y, según la denuncia presentada, esto no sucedió de inmediato. De manera que el perjudicado debió situar su automóvil en un espacio improvisado.

Adicionalmente, en vista de la tardanza y falta de respuesta por parte de su vecino, el afectado acudió a la sala de mediación por recomendación de un residente de su comunidad. En el sitio, fue atendido por los funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana que forman parte del Servicio de Policía Comunal.

Mediación. El oficial Ruiz acotó que, tras ser escuchados el relato y las exigencias del denunciante, le propusieron una reunión con el otro implicado en el conflicto vecinal. Así fue como en la fecha y hora acordados los afectados en esta situación acudieron a la cita con los mediadores del Servicio de Policía Comunal de la parroquia San Juan. En el encuentro ambos expusieron su versión de los hechos.

La tensión aumentó cuando comenzaron a intercambiar palabras e insultos entre ellos. Sin embargo, gracias a la presencia de los funcionarios del Cpnb se logró atenuar la presión del momento y evitar que el conflicto escalara a agresiones.

Un mediador escuchó las versiones de ambos lados, permitiendo que cada uno expresara sus preocupaciones. A través de este diálogo, alcanzaron un acuerdo que consistió en que el vecino afectado daría un día al demandado para mover el vehículo que ocupaba su estacionamiento. El consenso benefició a los implicados e hizo posible que mejorara su relación.

Compromiso. Finalmente, se firmó un acta conciliatoria donde los involucrados manifestaron su conformidad con los términos acordados. En el documento quedaron establecidos todos los detalles del suceso, así como los datos personales, contacto, dirección y firmas de las personas relacionadas con el conflicto, entre esas, aquellas que promovieron el diálogo en la sala de mediación.

El acta dejó sentado un precedente del conflicto cuyo acuerdo fue avalado por las autoridades, y en caso de repetirse el impasse entre los dos vecinos, el caso podría ser retomado por la Policía Nacional Bolivariana, incluso, ser remitido al Ministerio Público.

Para prevenir conflictos similares en el futuro, los funcionarios realizan el seguimiento de la evolución de los acuerdos. También aconsejaron a los implicados en la situación mantener la comunicación y manifestar cualquier desacuerdo a través de un grupo de whatsapp de la Junta de Condominio. Asimismo, a usar este espacio digital para solicitar permisos en caso de necesitar el estacionamiento nuevamente.

Normativa. Este incidente no solo dejó lecciones sobre la importancia del diálogo y la comunicación, sino que también reveló una violación a las normas establecidas en la Ordenanza de Convivencia, Civismo y Paz del Municipio Libertador.

Según precisó Ruiz, se infringió el artículo 10 numeral nueve que establece claramente los principios y valores de paz comunal en relación con los espacios privados y en áreas comunes administrados por propietarios de edificios o sociedades. Por ende, al estacionar sin permiso, el infractor quebrantó estas normas fundamentales.

El encargado de la sala de mediación del Servicio de Policía Comunal recordó que existe la Ley de Propiedad Horizontal que, en el apartado literal I, del artículo cinco, refiere que se asigna por lo menos un puesto de estacionamiento a cada uno de los apartamentos o locales.

La legislación en detalle

Deberes en las relaciones vecinales. En el artículo 15 de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana para el Civismo y la Justicia de Paz Comunal del municipio Libertador, se establece como deber de toda persona integrante de una comunidad cumplir con las normativas de convivencia social estipuladas en la legislación nacional y en la ordenanza, así como con las normativas generadas por la comunidad.

Conductas contrarias a la convivencia ciudadana. La ordenanza refiere en el apartado 17 que quienes incurran en comportamientos contrarios estarán sujetos a la aplicación de medidas o multas.

Conductas que afectan la paz y las relaciones entre las personas. En el numeral 2 del artículo 25, se considera el irrespeto de las normas propias de los lugares públicos o privados.

Valores y principios. En el marco de la ordenanza se define la solución pacífica de las controversias y la aplicación de medios alternativos para la resolución de conflictos como un valor fundamental para preservar la convivencia.

Espacios privados. Están definidos en el artículo 11 de la ordenanza como aquellas áreas comunes administrados por un propietario o una sociedad de particulares.