TSJ declara procedente la solicitud de extradición de «La Dominicana»

Karina Alexandra Ortiz (38) está acusada de asesinar a un joven incendiándolo con gasolina el pasado 10 de abril en Caracas. Tras el homicidio huyó a Perú donde permanece prófuga de la justicia venezolana.

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La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró procedente la solicitud de extradición formulada ante Perú en contra de Karina Alexandra Ortiz, de 38 años de edad, señalada de asesinar a un joven incendiándolo con gasolina el pasado 10 de abril en Caracas.

Ortiz, apodada “La Dominicana”, tiene una orden de aprehensión emitida por el Tribunal 10° de Control de Caracas el pasado 14 de abril por el homicidio de Roisber Alejandro Marquina Velásquez, de 22 años de edad, ocurrido en el urbanismo ciudad Fuerte Tiuna.

En el suceso también participaron otros dos sujetos que permanecen detenidos. Estos son Pedro Luis Pérez Mireles y Eliezer Eduardo Nieto quienes sometieron a la víctima agarrándolo por brazos y piernas para que «La Dominicana» procediera a prenderle fuego.

A los 5 días de ese hecho, Roisber murió en el Hospital Universitario Miguel Ángel Rangel, ubicado en Coche.

El inicio

El proceso de extradición de «La Dominicana» fue activado el 21 de abril pasado por Elianny del Valle Orozco Ferrás, fiscal 20° del Ministerio Público. Lo inició ese día tras obtener la información según la cual «La Dominicana» se encontraba en Lima, Perú.

Luego, el 27 de abril pasado, el Tribunal 10° de Control de Caracas remitió el expediente a la Sala Penal para que evaluara si estaban llenos los requisitos de la extradición.

Los magistrados constataron que están cubiertos los extremos para acordar el procedimiento de extradición de alias «La Dominicana», imputada por homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivo fútil mediante incendio, lo cual comporta una pena de 20 a 26 años de prisión.

La sentencia de la Sala Penal señala que Venezuela se compromete ante Perú a juzgar a la mujer requerida con las debidas garantías consagradas en la Carta Magna, relativas al debido proceso que abarca el derecho a la defensa y a no ser sometida a tratos crueles e inhumanos, entre otros.