Juicios colectivos contra legalidad – Últimas Noticias
En El Salvador actual no existe Estado de Derecho, acabaron con el principio de legalidad, se eliminó el debido proceso y se vive en estado de excepción, es decir, un país en el que todo el poder se concentra en el Ejecutivo y, por supuesto, aparece la arbitrariedad del Estado contra la arbitrariedad del delincuente, donde cualquiera puede ser víctima de un derecho penal que se define en la crueldad. Con mucha razón decía Claus Roxin que un Estado de Derecho debe proteger al individuo no solo mediante el derecho penal, sino también del derecho penal. Entre delincuentes e inocentes en ese país hay más de 71.000 encerrados en unas mazmorras que denominan “Cecoy” (Centro de Confinamiento del Terrorismo).
Una ley aprobada por el Congreso, a solicitud del presidente Bukele, establece el sometimiento a juicio colectivo de personas detenidas durante la vigencia del estado de excepción, con la agravante previa de estar privadas de libertad hasta 24 meses, antes de ser llevadas a ese tipo de juicio en el que 900 personas, por ejemplo, pueden ser juzgadas sin la importancia de la prueba. La falta del debido proceso y la ausencia de garantías constitucionales ponen en peligro la vida y la libertad de personas inocentes que son detenidas y confundidas con los criminales, y no hay manera de determinar su inocencia porque no existe la investigación penal y a nadie se le presume inocente. Sólo existen las imágenes espantosas difundidas por el gobierno de Bukele que muestran al mundo, como un trofeo de una “exitosa política criminal”, a miles y miles de individuos semidesnudos y tatuados, acorralados como animales para ser llevados al matadero.
La potestad punitiva del Estado cuando no tiene límites y se pretende hacer justicia en función de la seguridad ciudadana se convierte en una perniciosa situación social en la que todos los ciudadanos, sin excepción, quedan desprotegidos, paradójicamente, y a merced de un monstruo inhumano y destructor que representa la acción represiva, sin control, de ese “Estado Leviatán” que persigue el crimen llevándose a todo y a todos por delante, incluyendo el principio de legalidad en la primera arremetida, principio que hace, precisamente, que la potestad penal del Estado no sea una crueldad contra la ciudadanía. En El Salvador la justicia se concreta en juicios colectivos contra el principio de legalidad. En fin, no hay justicia.
