Josi Fares: ¡Cárcel para los corruptos! | PANAMÁ

Josi Fares, candidato a la Asamblea Nacional de Panamá por el Circuito 8-4, quiere cárcel para los corruptos y por eso propondrá el endurecimiento de las leyes en esta materia

DAT.- Una de las constantes quejas de la ciudadanía es que aquellas personas señaladas como corruptas no reciban el castigo penal por sus actos. La corrupción es el mal uso por parte de un funcionario de su autoridad para lograr mediante el uso de ese poder beneficios personales.

Es un conflicto que surge del apetito desmedido que una persona electa por el voto popular, o designada por el Órgano Ejecutivo, de socavar para usufructo personal dinero, bienes e, incluso, toda oportunidad de hacerse de un patrimonio mal habido, en contra de los mejores intereses de la sociedad.

Sus acciones entran en una categoría criminal mayor, porque se trata de gente sin escrúpulos, a la que no le importa usar un poder que se les confía para apoderarse de lo que les pertenece a todos.

Esta percepción de que ‘la corrupción no es castigada en Panamá’ debe cambiar por completo. La corrupción daña significativamente a la sociedad, estancando el crecimiento económico. Los inversionistas ven alarmas que los detienen, como la extorsión, cobro ilegal de comisiones (coimas), fraude y engaño, entre otros.

Como aspirante a la diputación por el circuito 8-4, estamos promoviendo una ley que establezca la pena de cárcel para aquellas personas a las que se les compruebe la comisión de delitos de corrupción.

Es un proyecto de ley en el cual se establece que todo funcionario, ya sea electo por voto popular o nombrado por el Órgano Ejecutivo, que en el ejercicio de sus funciones públicas se le compruebe que ha hecho uso de su poder para cometer actos de corrupción, promueve modificaciones al Código Penal.

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Nuestra propuesta se dirige hacia el endurecimiento de las penas contra quienes cometan delitos contra la administración pública por diferentes formas de peculado, para que sean encarcelados y cumplan penas de prisión más severas, que las que actualmente señala la Ley 14, de 18 de mayo de 2007.

Esto es, llevar la sanción penal contra servidores públicos a quienes se les compruebe la comisión de delitos como el enriquecimiento ilícito, las diferentes formas de peculado, corrupción de servidores públicos, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, a niveles que hagan pensar dos veces a quienes quieran delinquir a costa del Estado, antes de cometer una fechoría de este tipo.

Ya es tiempo de darle a nuestro país la tranquilidad que merece, para que fluya la inversión local y extranjera, sacando de circulación con sanciones ejemplares a quienes no honran la confianza que en ellos se deposita como servidores públicos.

Nuestro compromiso es darle al país, a través de la Asamblea Nacional de Diputados, una herramienta legal que sea mucho más dura contra quienes pretenden usar el poder que se les confiere como servidores públicos para hacerse de dineros que son de todos los panameños, y de todos los que en este país trabajan y hacen su vida.

Por Josi Fares