Guayana Esequiba: Historia del despojo de los ingleses

El tema de la reclamación de Venezuela del territorio Esequibo volvió a acaparar la atención nacional tras el fallo emitido el pasado 6 de abril por la Corte Internacional de Justicia en el que validó los argumentos expuestos por el Estado venezolano el 17 de noviembre de 2022 y reconoció que puede revisarse la conducta ilícita y fraudulenta del Reino Unido en el Laudo Arbitral de París de 1899 y, además, dejó clara la existencia y vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966.

En forma unánime, la opinión pública nacional se ha pronunciado de manera categórica ratificando que la Guayana Esequiba nos pertenece por historia y por ley y ha respaldado las acciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro, en función de agotar los recursos para que se dicte una sentencia favorable y/o se llegue a un acuerdo satisfactorio con el vecino país, que permita recuperar los casi 160.000 kilómetros que el Imperio Británico se apropió de manera ilegal.

Más allá del obligado debate sobre los escenarios políticos y jurídicos que se le presentan a Venezuela a partir de la decisión de la CIJ, es necesario recapitular sobre el modo en que los ingleses ocuparon el Esequibo, no solo en uno, sino en varios momentos históricos, a pesar de que esa región le pertenece a Venezuela desde tiempos inmemoriales.

Despojo tras despojo

En el año 1777, el imperio español creó la Capitanía General de Venezuela mediante Real Cédula del rey Carlos III, que significó un acto administrativo para unificar en lo político, lo económico y lo militar varias provincias que permanecían separadas. 34 años después, el 5 de julio de 1811, el pueblo de Venezuela y su gobierno patriótico firman el Acta de Independencia de la corona española, luego de una larga guerra de liberación. Obviamente, apelando al principio jurídico que se conoce como Utis Possidetis Juris (‘como poseéis de acuerdo al derecho, así poseeréis’), la nueva República de Venezuela heredaba la totalidad del territorio que pertenecía a la desaparecida Capitanía General, y se establece el río Esequibo como frontera oriental.

Los holandeses controlaban la mayor parte del área ocupada actualmente por las repúblicas de Guyana y Surinam. Sin embargo, en 1814, al final de las guerras napoleónicas, Gran Bretaña obligó a Holanda (ahora Países Bajos) a cederle su territorio al oeste del río Corentyne. El Tratado de Londres, firmado el 13 de agosto de ese año, obliga a Holanda a cederle sus posesiones en Demerara, Esequibo y Berbice.

Por esa razón, cuando Simón Bolívar proclama la Gran Colombia con la firma de la Constitución en el Congreso de Cúcuta, en 1821, es ante Gran Bretaña a quien la nueva República se ve obligada a protestar las continuas invasiones de colonos ingleses a territorio venezolano, delimitado en el río Esequibo.

El artículo 6 de esa Constitución expresa que “El territorio de Colombia es el mismo que comprendía el antiguo Virreinato de Nueva Granada y de la Capitanía General de Venezuela”.

De manera subrepticia, colonos británicos rebasan el río Esequibo y ocupan tierras en la costa baja del Moruca y Pomerún. De inmediato, el año 1822, Simón Bolívar protesta de manera enérgica y emite la siguiente proclama: “Es absolutamente indispensable que dichos colonos, o se pongan bajo la protección y obediencia de nuestras leyes, o que se retiren a sus antiguas posesiones”.

Posteriormente, el año 1825, el imperio de Gran Bretaña reconoce la independencia de la Gran Colombia y a la Guayana Esequiba como parte integral de la nueva República.

Luego, en 1830, con la separación de Venezuela de la Gran Colombia, el país establece en el artículo 5 de su nueva Constitución, que: “El territorio de Venezuela comprende todo lo que antes de la transformación política de 1810 se denominaba Capitanía General de Venezuela”, quedando ello como prueba fehaciente de la soberanía de Venezuela sobre la región Esequiba.

La infame Línea Schomburgk

No obstante, ese reconocimiento por parte del imperio británico, en 1835, el gobierno inglés envía a Robert Hermann Schomburgk, un botánico y explorador, para que elabore un mapa de la zona, sin consultar con el Gobierno de Venezuela.

Schomburgk, arbitrariamente, traza una línea al oeste del río Esequibo como la nueva frontera de la entonces colonia británica con Venezuela, mapa que pocos años después, en 1840, el mismo Schomburgk modifica, trazando una segunda línea, que se publica en Londres en un mapa a partir de la cual la Guayana Británica pretende anexarse 141.939 kilómetros cuadrados.

La segunda línea Schomburgk fue tan prolongada que llegaba hasta la desembocadura del río Orinoco.

Esta situación provoca, el año 1841, que el ministro venezolano Alejo Fortique exigiese al Gobierno británico el retiro de los postes colocados en los puntos establecidos por la segunda línea Schomburgk, ante lo cual el Gobierno británico retira las demarcaciones o hitos establecidos arbitrariamente, reconociendo así la soberanía venezolana.

Finalmente, en 1850, Gran Bretaña y Venezuela firman un acuerdo en el cual se comprometen a no ocupar el territorio en disputa entre la segunda línea Schomburgk de 1840 y el río Esequibo.

Tal convenimiento establecía que ambos gobiernos se comprometían a no “emplear la fuerza para ocupar el terreno que cada parte pretende”.

La fiebre del oro aviva la invasión

En adelante, una posición pasiva por parte de Venezuela, aunada a la crisis política que hizo explosión a partir de 1858, sirvió de excusa a los colonos ingleses para abalanzarse a depredar la selva guayanesa, especialmente en la cuenca del Yuruari, en busca de ricos yacimientos auríferos y ocupar de hecho un territorio mucho mayor que el que establecía la Línea Schomburgk.

Paralelamente a la invasión, los ingleses intentaron crear un movimiento autonomista en la Guayana venezolana, con sede en Ciudad Bolívar, e incorporarla a la Guayana Británica.

Una década más tarde, en 1861, en plena Guerra Federal, el expresidente Pedro Gual, a la cabeza de un grupo de oligarcas venezolanos, solicita al imperio británico la intervención tutelar del territorio venezolano, tomando al territorio de Guayana como pago por las deudas adquiridas, solicitando de hecho la invasión de su propia patria.

Irrespetando los acuerdos, durante todo el siglo XIX los británicos siguieron desplazando la línea Schomburgk, aumentando en 25 mil kilómetros cuadrados la anexión imperial, que ya sumaba un total de 203.310 km2.

La fiebre del oro tomó un extraordinario auge, al punto que grandes empresas que representaban capitales no solo ingleses, sino franceses, alemanes y estadounidenses se instalaron en la región e hicieron suyo prácticamente ese territorio.

Esta situación propició que el entonces presidente, Antonio Guzmán Blanco, quien también tenía intereses en la explotación aurífera, con derechos directos en varias concesiones, tomara la iniciativa de romper relaciones con el Gobierno Británico en 1877, tras varios intentos -además- de alcanzar un acuerdo con la corona.

Designado con carácter de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Venezuela ante varias cortes europeas, Guzmán Blanco decide antes de establecerse en Londres, hacer una primera y muy estratégica parada en los Estados Unidos, para exponer ante las más altas autoridades del gobierno, en este caso el secretario de Estado, Frederick J. Frelinghuysen, “aspectos de la controversia de Venezuela con Inglaterra y solicitar la mediación amigable de los Estados Unidos”. Solo entonces los británicos, bajo presión norteamericana, aceptarán ir a un arbitraje para dirimir la situación.

Estados Unidos y la Doctrina Monroe

En el año 1895, Estados Unidos interviene en la disputa apelando a sus intereses contenidos en la llamada Doctrina Monroe, que están contrapuestos al carácter imperialista de Gran Bretaña.

Los Estados Unidos consideran una amenaza a sus intereses cualquier apropiación territorial en América por parte de potencias europeas. Esta es la aplicación de la conocida Doctrina Monroe, en la cual el Gobierno de los Estados Unidos advierte que la negativa de Gran Bretaña al examen judicial de sus títulos equivaldría a una apropiación.

Por el contrario, la nación estadounidense fue en contraposición de su emblemática proclama y es así como en 1897 surge un nuevo intento de negociación con la firma el 2 de febrero del Tratado de Washington, mediante el cual se constituiría el tribunal arbitral que habría de decidir la controversia limítrofe entre Inglaterra y Venezuela.

Bajo presiones norteamericanas y de Gran Bretaña, Venezuela, en condiciones desventajosas, se ve obligada a aceptar un arbitraje injusto, que estipula que ningún venezolano formará parte de la Comisión Arbitral, siendo Venezuela representada por dos estadounidenses, mientras que dos ingleses representarán la parte británica. El quinto árbitro será ruso, amigo personal de la reina de Inglaterra.

Los términos impuestos a Venezuela en ese arbitraje expresan la enorme debilidad del país en aquel momento, además que los norteamericanos nunca han tenido en cuenta los intereses de Venezuela.

El Laudo Arbitral de 1899. El Laudo Arbitral de París de 1899 constituyó el punto más oscuro en la legítima pretensión de Venezuela de hacer valer su soberanía sobre la Guayana Esequiba.

Este convenio viola las propias reglas de arbitraje que debían regir su decisión, establecidas en el Tratado de Washington de 1897.

Fue una decisión impuesta bajo coacción por los dos grandes imperios de la época. Los árbitros deciden despojar a Venezuela de 90% de su territorio Esequibo, mediante una componenda que sería descubierta años más tarde.

En 1949 se confirma el fraude del Laudo Arbitral de París, con la publicación del Memorándum de Severo Mallet-Prevost (abogado que intervino por Estados Unidos en el Laudo parisino) en el que da a conocer la verdadera negociación ocurrida tras bastidores entre los árbitros que lo conformaron.

Este documento, publicado después de la muerte de Mallet-Prevost, manifiesta que referido laudo no fue más que una componenda política, acrecentando desenfrenadamente el escándalo de la injusticia cometida.

 En esta atmósfera de repudio contra el Reino Unido, Venezuela en la década de los 60, demandó la nulidad del laudo ante la Organización de los Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas, recibiendo el apoyo de la mayoría de las naciones, lo cual llevó a Inglaterra a buscar alternativas ante la situación, y en la pesquisa de una conciliación, nace el Acuerdo de Ginebra del año 1966, como forma de resolver la cuestión diplomáticamente.

Por tanto, se considera implícito el reconocimiento por parte de Gran Bretaña y luego de Guyana de las irregularidades del Laudo.