20 mayo, 2024
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Martes 28 noviembre 2017, llegué a la casa de mis amigos Luz y Joseph, quienes me habían invitado a pasar el día con su familia –desde el desayuno– y celebrar en la tarde el cumpleaños 63 de Joseph. ¡Por cierto! Luz prohibía hablar de política en las reuniones familiares.

Ese día hizo la excepción en pleno desayuno, exhalando, como si con ello se liberara de un gran peso, expresó: “¡Por fin un respiro! Esa oposición terrorista lo que ha dejado es desgracia en gran parte de la población”. Todos guardamos silencio.

Joseph, que para todo tiene una historia, acaparaba la conversación y fue interrumpido por Luz, quien súbitamente se levantó de la mesa recordando que debía llamar para pagar el condominio de la casa, ubicada fuera de Caracas, y que por problemas económicos había dejado de pagar. Joseph, su hija y yo seguimos estirando el desayuno.

Luz regresó de la llamada muy angustiada y exclamó: ¡Joseph, nos invadieron la casa! Pregunté en la oficina de condominio cuánto se debía y respondieron: “Que no se debía nada.” Insistí: “Imposible, tengo meses sin pagar” y respondieron: “Señora, en la dirección que usted nos dio están al día. La dueña se llama Thieves, ¿es usted?”. “Me llamo Luz, soy la dueña y ya vamos para allá”.

Resulta que a mis amigos no les invadieron la casa, fue algo peor: les clonaron las cédulas, le usurparon sus identidades y en una maraña de irregularidades con el registro les vendieron la casa (donde viviría su hija). La supuesta compradora fue denunciada y entre fiscalías y tribunales ya tiene 7 años usufructuando y en posesión de un bien producto de un delito, causándole daños a los verdaderos dueños de la casa (Luz y Joseph).

Fiscal Tarek William Saab, señores del Poder Judicial y Servicio Autónomo de Registros y Notarías, etc., pareciera sencillo: nuestra cédula de identidad es muy vulnerable, deben tomarse las previsiones. Cuánto se ahorraría el Estado, cuánto bien se le haría a la población y cuántos delitos se evitarían en los registros, notarías y otros organismos públicos poniendo y obligando (por ley) a usar equipos biométricos o captahuellas. Por ejemplo, la usurpación de identidad sería un delito en flagrancia.

Tenemos la percepción de que el uso de las captahuellas es una acción imperativa que coadyuvaría a solucionar un problema complejo de seguridad nacional.

Lo que no se siente, no se entiende.

Simón Rodríguez

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