Donald Trump estudia invadir México para acabar los cárteles del narcotráfico si es reelecto presidente

El expresidente de Estados Unidos  está pidiendo a sus asesores y equipo de trabajo una variedad de opciones destinadas a enfrentarse a los cárteles del narcotráfico mexicanos, entre ellos atacar militarmente el país mientras congresistas del partido Republicano planifican crear «escuadrones de la muerte» para repeler a los indocumentados.

De acuerdo con la revista Rolling Stones, Donald Trump pidió  un plan a sus asesores  para hacer la guerra en México, y el Partido Republicano está ansioso por dárselo.

Mientras hace campaña para un segundo mandato en la Casa Blanca, Trump ha estado pidiendo a los asesores políticos una variedad de opciones militares destinadas a enfrentarse a los cárteles mexicanos de la droga.

“‘Atacar a México’, o como quieras llamarlo, es algo que el presidente Trump ha dicho que quiere que se elaboren ‘planes de batalla’”, dijo una de las fuentes a Rolling Stones. “Se ha quejado de las oportunidades perdidas de su primer mandato, y hay mucha gente a su alrededor que quiere menos oportunidades perdidas en una segunda presidencia de Trump”.

Los lugartenientes de Trump le han informado sobre varias opciones que incluyen ataques militares unilaterales y despliegues de tropas en el socio y vecino de Estados Unidos, dicen las fuentes. Una de esas propuestas sobre la que Trump ha sido informado aparece en una publicación  del  Center for Renewing America, donde un grupo de expertos cada vez más influyente integrado en gran parte por expertos trumpistas, leales a MAGA y veteranos de su administración, publican los  «planes de batalla para atacar a México» y combatir a los Cártel Jalisco, Nueva Generación o al Cártel de Sinaloa. Los asesores de Trump le han informado sobre varias opciones que incluyen ataques militares unilaterales y despliegues de tropas en el país vecino.

Ahí se describe las posibles justificaciones y procedimientos para que el próximo comandante en jefe republicano declare «formalmente» «la guerra contra los cárteles», en respuesta a «los crecientes cuerpos de estadounidenses muertos por envenenamiento con fentanilo”.

El documento insta a Estados Unidos a “realizar operaciones militares específicas para destruir los cárteles y reclutar al gobierno mexicano en operaciones conjuntas para atacar la infraestructura en red de los cárteles, incluidas las facciones afiliadas y facilitadores con acción directa”.

Sin embargo, ese “alistamiento” del gobierno mexicano viene con una gran advertencia: “Es vital que no se haga creer a México que tiene poder de veto para evitar que Estados Unidos tome las medidas necesarias para asegurar sus fronteras y su gente”.

No está claro si Trump estaría dispuesto a llegar tan lejos como defiende la publicación, pero ha estado especialmente interesado en enviar fuerzas especiales a México y ha estado hablando de la idea durante años. Sin embargo, la fijación con la acción militar en suelo mexicano no se limita a Trump.El documento se acredita a Ken Cuccinelli, un exfuncionario de Trump que ahora respalda al gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien también es candidato a la presidencia de Estados Unidos.

Gran parte del Partido Republicano respalda la postura de atacar a México para combatir al narcotráfico. Los congresistas Michael Waltz y Dan Crenshaw anunciaron una legislación para autorizar el uso de la fuerza militar contra los carteles de tráfico de fentanilo en México y designarlos como «organizaciones terroristas».

Esta semana, congresistas republicanos del estado de Texas, se alistaban para proponer “una fuerza de seguridad estatal que incluiría a ciudadanos privados reunidos para “repeler” a los que cruzan la frontera y luchar contra los “agentes de los cárteles” de la droga en México.
Vale decir, crear unos «escuadrones de la muerte» en  Texas que significará  una nueva unidad en su Departamento de Seguridad Pública para rastrear, arrestar y deportar a personas indocumentados”.

La legislación complementaria en el Senado de Texas, si se aprueba, convertirá la entrada de indocumentados en Texas en un delito estatal: los infractores por primera vez enfrentarán un año de prisión, los infractores por segunda vez enfrentarán dos y los infractores con una condena anterior por un delito grave enfrentarán cadena perpetua.