Denuncian a Carlos Veccio por saboteo a la industria petrolera

El abogado Alejandro Terán Martínez denunció ante el Ministerio Público “una estrategia para destruir la industria petrolera nacional” presuntamente orquestada por Carlos Veccio desde Estados Unidos.

Terán Martínez consignó un documento en el despacho del fiscal general, Tarek William Saab, donde señala que esa estrategia cuenta con el apoyo de ciertos factores en el Poder Judicial venezolano.

El denunciante sostiene que Jesús Alberto Pérez Oropeza es uno de los presuntos socios de Veccio en ese plan que busca en definitiva paralizar paulatinamente la producción petrolera.

Una de las acciones ejecutadas en esa estrategia fue tomar posesión de ICM Proyectos 2001, principal proveedora de la estatal Petropiar.

“Básicamente el objetivo era que Petropiar no llegara a su meta productiva, ya que le cortaban las posibilidades a ICM como importante contratista de Petropiar y con licencia Ofac a través de Chevrón. Esto se tejió en la oficina de Carlos Veccio en Estados Unidos desde donde éste personaje se presentaba como supuesto embajador de Venezuela”, relató Terán Martínez.

Las investigaciones que ICM realizó arrojaron que uno de los operadores de Pdvsa, hoy día detenido por la Policía Nacional contra la Corrupción, buscaba intervenir la compañía para luego darla en concesión y quedarse con los equipos utilizados para la operación de Petropiar, explicó Terán Martínez.

La pretensión de tomar a ICM para impedir que Chevrón manejara las operaciones una vez autorizados por Estados Unidos, se realizaría mediante una acción judicial que efectivamente colocó una junta provisional en ICM ordenada por el Tribunal 3° Antiterrorismo a cargo de Luisa Garrido.

“Es preciso recordar que esa decisión de la jueza Garrido fue revocada y ella destituida por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia”, acotó Terán Martínez.

“Llama la atención varias cosas en ese proceso: primero, todo fue sincronizado en el tribunal antiterrorista; segundo, la jurisdicción era la incorrecta porque debió tramitarse en un juzgado de Anzoátegui; tercero, nunca hubo un denunciante sino un apoderado, jamás se hizo una denuncia ni la presunta víctima estuvo presente en ningún momento en Venezuela; llama la atención cómo llegó ese caso a un tribunal de terrorismo siendo un hecho mercantil”, desglosó el denunciante.

Terán Martínez indicó que esos funcionarios de Pdvsa, actualmente detenidos por presuntos hechos de corrupción en esa industria, “apostaron por el asfixiamiento de ICM y con ello el ahorcamiento a Petropiar, como una primera cabeza en el plan de perturbar la producción petrolera venezolana”.