Consejo Legislativo de Anzoátegui aprobó reformar tres leyes regionales
Desde el Consejo Legislativo del estado Anzoátegui (Cleanz), se promueve la reforma parcial a las leyes regionales de Timbre y Tasas Fiscales, Ley sobre Minerales no Metálicos y la Ley de Servicios Públicos.
En sesión de este martes 6 de junio, se aprobó por unanimidad la enmienda a los instrumentos legales, a través de las comisiones de economía y de contraloría y servicios públicos, informó el presidente del Cleanz, Andrés Márquez.
Explicó el legislador que se realizará la consulta pública que corresponda a estos estatutos, “con la finalidad de debatir junto al pueblo las modificaciones necesarias para su mejor ejecución”.
Destacó que para la presentación de estas propuestas en leyes económicas se contó con la presencia del jefe del gabinete interno de la gobernación, Sergio Millán; el presidente de la Corporación de Minas (Corpominas), Pedro Mata; y, el superintendente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Elio Villalobos.
En el caso de la Ley de Servicios públicos, Márquez precisó que la Comisión de Contraloría y Servicios Públicos del Cleanz, realizó la consulta del proyecto de reforma con la presencia de los prestadores de servicio, el gabinete de servicios públicos de la gobernación, contraloría y procuraduría estadal, así como representantes de las Cámaras Municipales, que tienen que ver con la materia.
Consejo legislativo adapta leyes a las exigencias del poder popular
El legislador refirió que la Ley de Servicios data del año 2011 y para su modificación se instalaron dos mesas de trabajo para su actualización y adecuación “a las nuevas exigencias gubernamentales y de acción comunal que exige el poder popular organizado”.
Informó que la nueva propuesta contiene una serie de aportes hechos por el Ejecutivo regional.
Mientras que la legisladora Lilibeth Elizandre, presidenta de la comisión de contraloría y servicios públicos, junto a su homóloga Silvia Paraqueimo, como vice presidenta de la comisión, explicó que se trata de una ley de articulación con todos los organismos e instituciones que consta de 4 títulos y 4 capítulos, y que contiene disposiciones generales, prestaciones y transferencias de servicios, participación de las comunidades organizadas, control social, denuncias y las mesas técnicas.
En la plenaria, las parlamentarias manifestaron la necesidad de que los servicios públicos, como el agua, electricidad, recolección de desechos sólidos, gas, telecomunicaciones entre otros, sean vistos como un derecho humano comunal, y de dar respuesta expedita a las solicitudes de reparación, mejoras e instalación de los mismos por parte de la ciudadanía.
