6 mayo, 2024
Citgo, entre los buitres de Guaidó

En Argentina los llaman Buitres, y con criterio un poco más financiero: Fondos Buitres. En inglés su denominación es vulture fund o holdout, por ser capitales de riesgos que invierten en una deuda pública de una entidad que se considera cercana a la quiebra.

Wikipedia cita al periodista Arcadio Oña, quien explica que el modus operandi de los fondos buitres consiste simplemente en comprar en el mercado deuda de Estados y empresas a un porcentaje muy inferior al de su valor nominal (su valor facial), y luego litigar o presionar por el pago del 100 % de este valor.

En otras palabras, mediante la especulación financiera los fondos buitres compran títulos de deuda de los países o empresas en una situación económica difícil, a precio muy bajo para luego litigar en los foros internacionales e intentar cobrar la totalidad del valor de esos bonos.

En síntesis, en ese mundo de capitalismo en su máxima esencia de saciar el hambre insaciable de ganancias lo más pronto posible ejecutando la mínima, y hasta inexistente, inversión, solo es posible el uso del lenguaje carroñero para poder comprender la arbitrariedad como ley suprema que regula economía.

Y es en ese ambiente, escenario, contexto, donde siempre se ha movido Citgo, cualquiera sea su estado financiero, desde su compra por la gerencia meritocrática de PDVSA durante en segundo mandato de Rafael Caldera, a principios de la década de los 90, hasta el reciente y vaticinado anuncio de subasta, el próximo mes de octubre.

Basta mencionar que Carlos Andrés Pérez (1989-1993) se opuso a ese comportamiento gerencial de adquirir 100% de Citgo, pues consideraba entonces —1992— durante su segundo mandato, que poseer cien por ciento una refinería en EEUU era vulnerable y propicia para hacerla objeto de medidas proteccionistas por parte de las autoridades norteamericanas. No se equivocó. La presunción hoy es corroborada por el secuestro de Citgo por parte de EEUU.

La gerencia meritocrática de PDVSA fue determinante en la salida de CAP de la presidencia. La tarea se vio acompañada por las buenas relaciones de PDVSA con los medios, en especial, El Nacional, cuyo peso ya declinante en la opinión pública fue usado para favorecer los intereses de comprar Citgo, mediante las denuncias de las reiteradas violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción cometidas por el gobierno de CAP.

El periodista William Castillo recién lanzó un podcast elaborado por el Observatorio Antibloqueo, que bajo el título Citgo: Licencia para robar, explica cómo bajó el amparo del ilegal y arbitrario bloqueo se ha creado una industria ilegal y arbitraria de saqueos donde actúan las más devoradores buitres y pirañas, con el merecido perdón de este imprescindible y ecológico pez de las aguas dulces venezolanas.

“¿Cómo es esto?”, se pregunta El Informante de Últimas Noticias. “La respuesta la da el presidente de Citgo nombrado por Juan Guaidó, Carlos Jordá, quien tiene una componenda con la empresa israelí Delek Holding, en Estados Unidos, para venderle Citgo”.

“Este señor era, hasta el año 2019, el CEO de la empresa Delek Estados Unidos, y esa empresa en ese país es subsidiaria de la empresa Delek en Israel, una empresa petrolera propiedad del señor Yitzhak Shuba, israelí, perteneciente al lobby judío y sionista en todos los espacios de poder de los Estados Unidos, empresa en la cual Jordá también tiene acciones”, explica Jorge Rodriguez, presidente de la Asamblea Nacional.

Detalla que la subasta que pretenden hacer tendría como fecha junio de 2024. Jordá le envió una comunicación a los trabajadores informando que el proceso comienza en octubre de 2023. Se va a subastar Citgo, valorada en alrededor de 15.000 millones de dólares, para cobrar una deuda de, según Cristallex, de 1.2 millones de dólares. Buitres.

“Jordá es el delincuente nombrado por “Alibabbá”, dijo al referirse a Juan Guaidó, “como presidente de la más grande empresa petrolera venezolana en EEUU, Citgo Corporation”.

Entre las estratagemas usadas por la empresa canadiense Crystallex para apropiarse de la sexta mayor empresa refinadora de EEUU, Citgo, propiedad de PDVSA, se encuentra la Doctrina denominada Alter Ego, aun cuando implique violar el muy respetado Velo Corporativo.

La web a veces poco respetada por algunos académicos, Wikipedia, señala que el Alter Ego (que en latín significa «el otro yo») es un segundo yo, que se cree es distinto de la personalidad normal u original de una persona.

Desde 2008 la canadiense busca la manera de echarle manos a filial de PDVSA, con la excusa de cobrar la supuesta deuda por 1.200 millones de dólares habría contraído la República al expropiar la mina Las Cristinas, manejada por Crystallex, por dañar el medio ambiente y violar los derechos de los trabajadores.

De esta manera, la sentencia pretende ejecutar un laudo dictado por el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), aun cuando ni Citgo, ni la firma que la maneja PDV Holding, INC, ni PDVSA, son deudores de Crystallex, ni fueron sujetos del procedimiento ante el tribunal arbitral del CIADI.

Es decir, al ver frustrados sus intentos por demandar a la República Bolivariana de Venezuela, Crystallex emplea la Doctrina del Alter Ego para sostener que Venezuela y PDVSA son el mismo ente. Por tanto, la República controla las acciones de PDVSA; y como PDVSA es propietaria de una filial en EEUU denominada PDV Holding, la cual es dueña de Citgo, entonces pide al Juez autorizar la venta de activos de Citgo para cobrarse la deuda, que no es de Citgo sino de la República; dos personas jurídicas diferentes.

Dentro de las arbitrariedades para apropiarse de Citgo, el Juez debió echar por tierra el obstáculo, supuestamente respetado, denominado Velo Corporativo, base del sistema mercantil capitalista universal contemporáneo, de fuerte arraigo en la jurisprudencia comercial estadounidense.

El Velo Corporativo es un instrumento para proteger el núcleo societario de una empresa, que sólo es posible levantar cuando la firma atenta contra el principio de buena fe.

Una pregunta por responder es ¿Cuál principio de Buena fe violó Citgo? Pues una cosa es Citgo y otra su dueño. A pesar de ser Citgo una empresa perteneciente a PDV Holding, INC, propiedad de PDVSA, está constituida en EEUU y por tanto se rige por las leyes y códigos de esa nación, como cualquier sociedad de ese país.

Para lograr ese propósito, levantar el Velo Corporativo, tanto el gobierno de EEUU como el “Gobierno de Transición” montaron la tarea de crear un volátil clima político que haga propicio cometer arbitrariedades, en cuya construcción usan a medios, periodistas y ONGs cargadas de falsedades en torno a Venezuela, seguido de inventar una falsa representación política-jurídica del país, maleable, manejable y de frágiles principios, incapaz y complaciente al momento de hacer frente a la argucia de Crystallex en su intento de probar que Citgo y la República Bolivariana de Venezuela son lo mismo.

El 28 de enero de 2019, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de los EEUU ceden el control de la filial Citgo Holding, Inc. y de cuentas bancarias del Estado venezolano en su territorio al llamado “Gobierno de Transición” encabezado por el exdiputado de la Asamblea Nacional por el estado La Guaira, Juan Guaidó.

El gobierno de EEUU usa a Guaidó para de inmediato impedir al Procurador General de la República y a su equipo ejercer la defensa en los tribunales de Estados Unidos; “si le hubieran permitido hacer su trabajo, no hubiese ocurrido esta aberración jurídica”, dijo el excanciller Jorge Arreaza.

“Venezuela ha denunciado el gravísimo hecho que el abogado que en forma fraudulenta pretende representar a la República Bolivariana de Venezuela, (José Ignacio Hernández) en realidad ha trabajado como asesor jurídico de la empresa Crystallex, y es quien ha impulsado la tesis según la cual se pretende confundir como uno sólo el patrimonio de la República y el patrimonio de PDVSA”, explica Silvestre Molero, Comisario de PDVSA.

“La apropiación ilícita de Citgo ha sido fraguada bajo instrucciones del exdiputado Juan Guaidó y ejecutada por quien fuera abogado de Crystallex, José Ignacio Hernández, aliado y contratado por Guaidó para facilitar la entrega del patrimonio del pueblo venezolano a potencias extranjeras, mediante un gigantesco fraude procesal y atentar contra el orden constitucional venezolano”, denuncia Jorge Arreaza, canciller de la República Bolivariana de Venezuela.

En su defensa, Hernández, al ser entrevistado por el portal informativo PetroGuia, responde: “Cuando mi nombre empieza a sonar como procurador (de Guaidó), yo hablo con el exembajador Carlos Vecchio (también de Guaidó), quien era mi contacto diario en febrero, y le preparo un memo en el que le informo que hasta diciembre de 2018 yo fui socio de un escritorio jurídico (que trabajo para Criystallex). Luego me separé y le dije de los casos que yo conocía y que había sido testigo independiente en casos que son problemáticos, como es el de Crystallex.

Citgo tiene en EEUU las refinerías de Lake Charles en Louisiana, CorpusChristi en Texas y Lemont en Illinois; complejo de poliductos y estaciones de servicios, entre otros activos, con un valor cercano a los 10 mil millones de dólares. En conjunto las refinerías tiene una capacidad de para refinar 750 mil barriles de crudo a diario.

Arreaza advierte que el fallo podría desencadenar una disputa por parte de una lista de acreedores. La actuación del juez Stark fue de “tal manera hostil que sugiere a otros acreedores que no fueron parte en el juicio a su cargo para que se presenten a participar en la rebatiña que ha declarado sobre las acciones de Citgo”, dijo el canciller.

“Esta usurpación de los activos de Citgo Petroleum, INC en la medida que representa un acto subversivo contra los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC), constituye un peligroso e inédito precedente en el ámbito mercantil de los EEUU., y que pondría en riesgo cualesquiera inversiones, independientemente del país de origen”, denuncia el Comisario de PDVSA

A pesar de la decisión, aun es necesario que el Departamento de Tesoro de EE.UU. apruebe la solicitud de Crystallex de una licencia que permita la venta de los activos de Citgo, pues todo activo en manos de la OFAC requiere de la autorización del Departamento del Tesoro para ser vendido. La empresa ya presentó la solicitud y está a la espera de la respuesta del Tesoro estadounidense.



Ver fuente