«Nuestro genocidio»: la valiente acusación desde el corazón de Israel

El 28 de julio de 2025, algo inédito sacudió la esfera política y moral israelí: la ONG B’Tselem, una de las más reconocidas organizaciones de derechos humanos del país, publicó un informe titulado “Nuestro genocidio” en el que acusa al propio Estado de Israel de estar cometiendo un genocidio contra la población palestina de Gaza.
La importancia de este documento no radica solo en su contenido devastador, sino en su procedencia: por primera vez, una entidad israelí, que opera desde Tel Aviv y con personal israelí, utiliza el término genocidio para describir las acciones de su gobierno.
La directora ejecutiva de B’Tselem, Yuli Novak, fue clara: “La realidad no nos deja más opciones que reconocer la verdad: Israel está cometiendo un genocidio contra los palestinos de la Franja de Gaza”. Con esta declaración, rompió un tabú profundamente arraigado en la sociedad israelí, donde la narrativa oficial justifica la ofensiva como defensa contra Hamás.
En un país donde las organizaciones críticas suelen ser objeto de persecución política, la publicación de este informe significa un acto de desafío que trasciende el debate interno. No es una denuncia desde el extranjero, ni una acusación hecha por gobiernos hostiles, sino una voz israelí que reconoce, con documentación detallada, que su propio Estado está cometiendo el crimen más grave reconocido por el derecho internacional.


Contenido
Dos años de horror documentado
El informe, de 88 páginas, es fruto de una investigación de casi dos años que abarca el periodo desde octubre de 2023 hasta mediados de 2025. B’Tselem analiza la ofensiva militar israelí contra Gaza como parte de una política planificada y ejecutada con la intención de destruir total o parcialmente a la sociedad palestina en el enclave.
La ONG describe “medidas coordinadas y deliberadas” que incluyen:
- Masacres directas contra civiles.
- Ataques contra hospitales, escuelas y mercados.
- Restricciones extremas a la entrada de ayuda humanitaria.
- Destrucción sistemática de infraestructura eléctrica, de agua y saneamiento.
- Estrategias de desplazamiento forzado.
Cada apartado se respalda con fotografías, videos, testimonios directos y declaraciones públicas de líderes israelíes que, según B’Tselem, constituyen pruebas de intención genocida bajo la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948.
Colapso sanitario y hambre como armas de guerra
El informe dedica especial atención al sector salud, cuya destrucción considera un eje central de la ofensiva. De los 36 hospitales de Gaza, al menos 33 han quedado fuera de servicio o severamente dañados. Más de 1.800 trabajadores sanitarios han muerto, resultado de bombardeos, detenciones o condiciones imposibles de trabajo.
B’Tselem también documenta la destrucción de instalaciones críticas como el centro de fertilización in vitro Al-Basma, donde miles de embriones y muestras reproductivas fueron arrasados, lo que la ONG interpreta como un ataque a la capacidad futura de reproducción de la población palestina.
Otro eje es el uso del hambre como arma. El bloqueo de alimentos y la destrucción de cultivos han reducido la producción local a menos del 30 % de la necesaria para sostener a la población. La hambruna se ha extendido a un nivel que, según el informe, “ya no es un efecto colateral, sino un objetivo militar”.
Retórica y pruebas de intención
La sección final del documento recopila declaraciones de altos cargos políticos y militares israelíes que hablan de “aplastar” o “borrar” Gaza, expresiones que, según B’Tselem, prueban la existencia de una intención clara de destruir a un grupo nacional de forma parcial o total.
Para la ONG, estas expresiones no son meras figuras retóricas: están respaldadas por políticas concretas, ejecuciones militares y decisiones administrativas que buscan, en palabras del informe, “hacer inviable la vida palestina en Gaza y, en última instancia, eliminar a su población como entidad social”.
Reacciones: un terremoto político y moral
El impacto del informe fue inmediato. La oficina del primer ministro Netanyahu calificó el documento de “acusación infundada” y lo enmarcó como un acto político contra el Estado en tiempos de guerra. Sin embargo, organizaciones internacionales lo consideraron un hito, ya que la acusación proviene desde el propio Israel, lo que desarma el argumento de que estas denuncias son exclusivamente propaganda enemiga.
En la arena judicial, el informe añade peso al caso presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, que ya investiga a Israel por presunto genocidio.
Décadas de apartheid
Yuli Novak subraya que la ofensiva en Gaza no puede entenderse sin los 75 años de ocupación y políticas de apartheid previas. El 7 de octubre de 2023, el ataque de Hamás fue utilizado por el gobierno para justificar una escalada militar que, según B’Tselem, superó cualquier marco de legítima defensa y se convirtió en una campaña de exterminio.
El informe advierte que la política genocida podría expandirse a Cisjordania, donde ya se observan patrones similares de destrucción de comunidades, desplazamientos forzados y violencia contra civiles palestinos.