Más de 10.000 personas capacitadas en convivencia comunitaria en Guarenas
La alcaldía del municipio Plaza (Guarenas) ha logrado formar a 10.504 personas en lo que va de 2025, a través de la Ley de Convivencia para la Seguridad y Paz Ciudadana, con miras a minimizar factores de riesgo, fomentar estilos de vida saludables y fortalecer la prevención integral en las comunidades.
La información es llevada a sectores priorizados, seleccionados según los índices de incidentes registrados en los Cuadrantes de Paz, en articulación con la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Policía de Miranda, la Oficina Municipal Antidrogas (ONA), el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la Dirección de Prevención del Delito y el Servicio Comunal, con la participación activa de los jueces de paz.
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Conversatorios para una prevención integral
El director de la Oficina Nacional Antidrogas en Guarenas, Jhon Delgado, explicó que las jornadas se realizan a través de conversatorios sobre protección a la mujer, el uso de vías públicas y la protección de niños, niñas y adolescentes.
Estos encuentros son liderados por los jueces de paz de cada territorio y con el apoyo de las vocerías comunales, a través de los cuales se brinda orientación a padres y representantes sobre la importancia de ser multiplicadores de información y valores, evitando que los jóvenes permanezcan en la calle hasta altas horas de la noche.
Delgado hizo especial énfasis en la prevención del consumo de drogas y alcohol, subrayando la necesidad de fomentar la sana recreación en cada comunidad. «De esta forma se contribuye a reducir los factores de riesgo delictivo», puntualizó, destacando el rol de la recreación como un elemento de prevención fundamental.
Sobre el procedimiento
Delgado explicó que la normativa contempla un sistema progresivo, donde las medidas buscan tanto la corrección como la reinserción.
Generalmente, la primera violación a la Ley de Convivencia es manejada por un juez de paz, quien puede aplicar medidas no privativas de libertad, como la mediación comunitaria, multas, la realización de servicio comunitario o la asistencia obligatoria a charlas formativas.
De reincidir, el juez de paz actuaría con medidas más severas como un aumento de la multa, un número superior de horas de servicio comunitario o, en casos más graves, la remisión a tribunales ordinarios si la falta evoluciona a un delito penal, todo con el fin último de garantizar la armonía en la comunidad.
