Lasso activó muerte cruzada y evadió juicio

Guillermo Lasso decretó el miércoles la muerte cruzada para disolver el parlamento ecuatoriano. La maniobra que constitucionalmente se traduce con la aplicación del artículo 148 de la Constitución ecuatoriana que evoca o da facultades al mandatario nacional para disolver la Asamblea Nacional (AN) cuando, a su juicio, “ésta se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente o por grave crisis política y conmoción interna”.

Sin embargo, el mandatario ecuatoriano emitió el decreto cuando en la Asamblea Nacional se llevaba a cabo un juicio político en su contra, acusado del presunto delito de peculado malversación de fondos públicos. No obstante, Guillermo Lasso adoptó esta decisión en medio de un juicio político en su contra por presuntos hechos de corrupción en las empresas públicas que vínculan además a su cuñado Danillo Carrera y a el empresario (asesinado en circunstancias extrañas), Rubén Cherres.

En ese sentido, la comisión parlamentaria que adelantaba el juicio político contra Lasso, sesionó por última vez este martes. Luego que se presentó la acusación formal contra el mandatario, este presentó su defensa en la cual se declaró inocente y argumentó que había un entramado político en su caso. En su intervención, Lasso aludió como prueba un informe realizado por la Comisión de Fiscalización que recomendó no continuar el proceso contra, pero que la AN rechazó.

Sin embargo, los asambleístas interpelantes, Viviana Veloz (Unes) y Esteban Torres (PSC), presentaron la base de las pruebas solicitadas y actuadas en la Comisión de Fiscalización. Lasso incurrió en un supuesto peculado al tener conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato firmado por la empresa estatal Flota Petrolera del Ecuador (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker. Veloz señaló que el presidente conocía el nombramiento de Oswaldo Rosero como responsable de Flopec quien permitió los hechos de corrupción.
Al terminar su intervención, Veloz presentó su moción para la destitución de Lasso. Finalizó diciendo que la sanción contra el presidente no debe ser solamente política, sino que debe haber una sentencia para que termine en la cárcel.

Paredes falsas

En una entrevista ofrecida a la cadena internacional de televisión CNN, el mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso confirmó que él emitió el decreto para impedir el retorno al país del expresidente Rafael Correa, un argumento diferente al mencionado en la declaratoria oficial de la medida, donde alega grave conmoción social.

EEUU en la profecía

La embajada norteamericana saludó la decisión de Guillermo Lasso. Nuevamente la oligarquía ecuatoriana se sintoniza con las políticas neoliberales y da la espalda a la soberanía del Estado ecuatoriano. Leonidas Iza (Conaie), manifestó que una vez más existe una injerencia de la embajada de EEUU en la situación política del país, que apoyó la decisión de Lasso para disolver la Asamblea Nacional.

El internacionalista venezolano Sergio Rodríguez coindice con esta posición y agrega “el Departamento de Estado sabe que la vuelta de la izquierda a Ecuador sería contraria a los intereses de Washington”.

El especialista detalló que EEUU busca proteger sus intereses en el país andino “aferrándose a la decisión de Lasso, quien va a aprovechar estos seis meses que le restan en el poder, para generar los mecanismos jurídicos y económicos que favorezcan a la oligarquía ecuatoriana, el narcotráfico y a EEUU”, comentó Rodríguez.

Corte rechazó demandas de la Asamblea Nacional

La Corte Constitucional (CC) de Ecuador rechazó el jueves seis demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el decreto 741 firmado por el presidente Guillermo Lasso activando la “muerte cruzada” para disolver el Legislativo por grave conmoción interna y crisis política en este país.

En un comunicado difundido el jueves, la CC informó que los tres tribunales de la Sala de Admisión a cargo de hacer los análisis correspondientes “decidieron por unanimidad rechazar las demandas de inconstitucionalidad”.

Argumentó que ni la CC tiene competencia para pronunciarse respecto de la verificación y motivación de la causas expuesta por el presidente de grave crisis política y conmoción interna, ni tampoco otra autoridad judicial del país.

Entre el miércoles y el jueves la CC recibió las demandas de actores políticos, exlegisladores, abogados y líderes de organizaciones políticas y sociales que buscaban la suspensión del decreto ejecutivo en el cual el mandatario ecuatoriano activó la “muerte cruzada”, contenida en la Constitución vigente, al considerar que no existe en el país una grave conmoción interna. Tras conocer el dictamen de la Corte, el presidente escribió en twitter: “Este tribunal ratifica mi decisión”.

Decisión del Mandatario “sabe a golpe de Estado”

“El hecho que los militares ecuatorianos hayan emitido un comunicado de respaldo a la declaración de la denominada “muerte cruzada” por parte de Lasso, le da un sabor a golpe de Estado”, afirmó Andrés Arauz, exministro de talento Humano de Rafael Correa.
“El riesgo está en las medidas de decreto ley que puede expedir, que son antidemocráticas y tienen carácter plutocrático”, aseguró Arauz.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Ecuador respaldaron la decisión del presidente ecuatoriano tras disolver la AN. En ese sentido, Los mandos militares señalaron que la posición de la AN de enjuiciar políticamente al presidente Lasso y la decisión del mandatario de disolverla están sujetas a la Carta Magna y por esa razón deberán ser respetadas completamente por los ciudadanos.

Censura

El jueves las calles de Quito amanecieron en una tensa calma luego que las FFAA expresaran que no tolerarían ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia. En ese sentido, alertaron que, en caso de producirse hechos violentos, actuarán “con firmeza para cumplir la misión constitucional de proteger la vida y los derechos y garantías de los ecuatorianos”. Además, instaron “a la unidad de los ecuatorianos para mantener el clima de respeto a la ley sin enfrentamientos ni violencia”.