Gobierno peruano descarta asalto a la Embajada de México en Lima
El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Ernesto Álvarez, afirmó el lunes que «no es posible» el ingreso por la fuerza a la residencia de la Embajada de México en Lima para detener a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien permanece asilada en esa sede diplomática.
Aclaró que tanto él como el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, saben «de manera técnica» que «no es posible tratar de sustraer del ámbito de la sede diplomática a una persona, por más emotividad o por más que sea requerida por la justicia peruana».
La declaración del funcionario se dio luego de que el presidente de facto, José Jerí, afirmara durante una entrevista a un medio local que «yo no me limito. Si se tiene que ingresar a la Embajada de México, se hará».
Al respecto, el canciller Hugo de Zela también indicó a un medio local que el Ejecutivo no llevará a cabo ninguna acción que vulnere los compromisos internacionales de Perú.
«La hipótesis de entrar a la embajada por la fuerza no se va a dar en la realidad», aseguró De Zela, y añadió que había conversado directamente con Jerí sobre esta situación.
México advierte a Perú
En la víspera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que un ingreso forzoso a la Embajada de su país en Lima, por parte de las autoridades peruanas, constituiría una grave violación al derecho internacional.
Agregó que esta acción desconocería las disposiciones que regulan el derecho de asilo, figura reconocida legalmente.
El pasado viernes, el Poder Judicial de Perú dictó cinco meses de prisión preventiva y la captura nacional e internacional de Chávez, después de que incumpliera sus reglas de conducta y se asilara en la sede diplomática. La Fiscalía señala a la exfuncionaria como presunta coautora de «intento de autogolpe» de Estado en diciembre de 2022, acusándola de participar en su planificación y ejecución.
A su vez, el Gobierno mexicano trata a la exfuncionaria como una perseguida política, víctima de un sistema judicial instrumentalizado para castigar a opositores del Gobierno.
