Del necesario aprender del Poder Ciudadano
Uno de los aspectos fundamentales de las revoluciones sociales y políticas es su capacidad de aprender, de exigirse, de renovarse constantemente. Siendo cada proceso inédito, se requiere que se aprenda de los fallos y los errores, que se corrijan las cosas que provocaron los errores y se asuma, con humildad y compromiso, que dado que las caídas y errores son inevitables, las correcciones y exigencias son obligatorias. Sobre este condición intrínseca de los procesos revolucionarios se expresó Antonio Gramsi: “El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”.
Esos claroscuros hoy adquieren la forma del monstruo de la corrupción, de la indolencia, de la traición y del robo que afectan al pueblo y a la propia revolución bolivariana. Por eso, ante dichos monstruos es importante revisarse, rectificar, revolucionar, en síntesis aprender y reaprender, corregir y renovarse. Son inevitables los claroscuros, son obligatorios los aprendizajes.
Inscrito en esta perspectiva es que, en octubre de 2022, el Presidente Nicolás Maduro generó el lineamiento de las 3R.NETS como enfoque general para ese aprender y reimpulsar nuestro proceso político. Él expresó que “las 3R.NETS (Resistencia, Renacimiento, Revolucionar), deben romper con el amiguismo y el burocratismo”. Hoy ese llamado debe aplicarse para superar la traición de líderes a quienes se les confió la dirección de sectores de la economía y de integrantes del sector privado que vieron, en las dificultades que imponen las Medidas Coercitivas Unilaterales, una vía de fácil e ilícito enriquecimiento. 3R.NETS implica tener capacidad de aprender de los errores que facilitaron la traición para evitar que se repita o, al menos, que no se repita por las mismas debilidades. Esto debe hacerse en varios niveles, en varias instancias y con distintas perspectivas.
Los casos de corrupción (traición) ya develados y atacados deben convocar revisiones, aprendizajes y rectificaciones. En principio la Vicepresidencia de la República y la Asamblea Nacional han asumido esa línea y han avanzado en: 1) Creación del Servicio de Bienes recuperados adaptando instituciones existentes en función del “nuevo ordenamiento jurídico y las nuevas realidades que el Estado demanda” (decreto 4.801 del 05 de abril de 2023), 2) Promulgación de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio la cual permitirá “la identificación, localización y recuperación de los bienes y efectos patrimoniales originados por actividades ilícitas o destinados a éstas, así como la extinción de los derechos y atributos relativos al dominio de los mismos a favor de la República” (Gaceta Oficial 6.745 ext. de fecha 28 de abril del 2023), y 3) El Acuerdo de Rechazo a los Intenros de Expoliar el Patrimonio de la República y sus Entidades en el Extranjero con la Complicidad de Actores Políticos Venezolanos.
Este ejmeplo debe seguirse en el Consejo Moral Republicano que lo integran la Fiscalía General de la República (FRG), la Contraloría General de la República (CGR) y la Defensoría del Pueblo (DP). A juzgar por las actuaciones y las declaraciones públicas, solo la primera de las tres instituciones ha estado activa y desplegada, lo que la ha hecho acreedora del reconocimiento de la sociedad y de las instituciones, mujeres y hombres de buena voluntad.
En relación a la CGR, lo primero es destacar que este es el órgano por excelencia para el control fiscal y de combate a la corrupción, tal como lo establece la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 287: “La Contraloría General de la República es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las operaciones relativas a los mismos….”. ¿Qué pudo o puede hacer la CGR ante casos de corrupción y robo a la nación? ¿Requiere revisar sus estructuras o sus competencias? ¿Hace falta darle cualidades para que la supervisión y vigilancia de las y los funcionarios de alto nivel y los y las electas por el pueblos sea mas estricta?.
Todo hace ver que la Declaración Jurada de Patrimonio, que anualmente realizan los y las funcionarias públicas, debe ser reforzada con otro tipo de controles que permitan tener una “mejor radiografía” de la situación patrimonial y modo de vida de altas y altos funcionarios. La CGR es una de las instituciones que están llamadas a aplicar las 3R.NETS con mayor intensidad. Debe aprender y tener capacidad de reformarse y de re estructurarse.
En cuanto a la Defensoría del Pueblo (DP), por mandato constitucional le corresponde “…la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos, de los ciudadanos y ciudadanas” (art. 280, negritas nuestras). Dado que partiendo de lo anterior cabe esperar que desde la DP se actuara en la defensa de esos “intereses legítimos, colectivos o difusos”, bien sea con la designación de funcionarias o funcionarios para ejercer acciones o con dispositivos o procedimientos que abarquen este importante campo de su competencia. Entonces ¿cuáles son los aspectos sobre los cuales dicha institución debe aprender? ¿Cuenta con los recursos requeridos para asumir estas tareas? ¿Su sistema de toma de decisiones está en capacidad de responder a situaciones tan aceleradas como el combate en caliente a la corrupción? ¿Su estructura y dinamismo institucional esta acorde con las exigencias de las 3R.NETS? Estos y otros pueden ser ámbitos del aprendizaje necesario…
En estos momentos aprender de los déficit y errores es un acto revolucionario y es parte del acompañamiento al llamado de las 3R.NETS. La revolución debe renovarse en forma permanente, debe aprender de sus fallos y debilidades. Las instituciones del Consejo Moral Republicano debe hacerlo en forma acelerada, hacerse vanguardia en esta batalla por la defensa de la ética socialista que es la ética del pueblo bueno de la República Bolivariana de Venezuela.
