De Petropar a Petrocaribe: sanciones frenan litigios por 5.043 millones de dólares
Las medidas coercitivas unilaterales e ilegales aplicadas contra el Gobierno Bolivariano y de manera especial contra Pdvsa han propiciado, dilatado y hasta frenado arbitrajes y litigios a favor y en contra de la industria por la suma de 5.043 millones de dólares.
Digámoslo al revés: el levantamiento de las medidas coercitivas por parte del Gobierno de EEUU crearía un ambiente jurídico favorable para que Pdvsa honre y recupere una parte sustancial de los 5.043 millones de dólares incursos en litigios y arbitrajes por impagos de deudas, en su mayoría, por ventas de combustibles, crudos y productos.
Hay todo tipo de tropelías y argucias para dilatar y hasta no solucionar los nueve litigios y cinco arbitrajes que afronta Pdvsa, tanto en los tribunales internacionales como en los países donde están asentadas las querellas.
En la lectura de los quince casos activos, recopilados por la Consultoría Jurídica de Pdvsa, se denota que la artimaña dominante usada por los demandados para negarse a pagar sus deudas con la industria es desconocer la legalidad del Gobierno Bolivariano liderado por su legal y legítimo presidente, Nicolás Maduro Moros.
Para más detalles, por ahora, solo reseñaremos dos. Destaquemos que en la lista de excusas hay argucias como la hiperbólica y vulgar incoada por Petróleos Paraguayos, cuyo gobierno siempre se alinea con cualquier acción de Estados Unidos en contra de Venezuela que lo ayude a eludir el pago de su deuda por 360 millones de dólares contraída con Pdvsa por compra de crudo y combustibles.
El periódico The Washington Post relata que en enero de 2021 Juan Ernesto Villamayor, jefe del Gabinete del Gobierno del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, confirmó que el exdiputado Juan Guaidó aprobó condonar la deuda de Petróleos Paraguayos, Petropar, con Pdvsa, cuyo monto asciende a 360 millones de dólares.
La información revela que la irregular transacción de condonación estableció pagar a Juan Guaidó 100 millones de dólares y rebajar la deuda en 65%. En tal sentido, Juan Ernesto Villamayor, el funcionario referido del gobierno paraguayo, mostró en declaraciones públicas los documentos de las actas de los acuerdos entre el gobierno de Mario Abdo y los representantes de Juan Guaidó, los cuales ratificarían, según Villamayor, “la quita de 50 por ciento de la deuda del capital y de 100 por ciento de los intereses, lo cual calificó de “ahorro” de más de 150 millones de dólares para el Estado paraguayo”.
“Ahora bien, ese contrato habría supuesto el pago de una comisión de 26 millones al abogado argentino Sebastián Vidal, quien es abogado y asesor del tío del presidente paraguayo Mario Abdo, con lo cual se evidencia la trama de conflicto de intereses creados alrededor de esta cobranza irregular e ilegal”.
Otro caso de litigio es el de Alba Petróleos de El Salvador, una sociedad de economía mixta conformada en 40% por acciones de la Asociación Intermunicipal Energía para El Salvador (Enepasa), propiedad de 19 alcaldías de municipios salvadoreños conducidas por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional; y 60% de PDV Caribe, filial de Pdvsa, creada para gestionar los acuerdos de cooperación en Centroamérica y el Caribe.
Para eludir el pago de la deuda por 1.250 millones de dólares por concepto de entrega de crudo y combustibles, las autoridades del Gobierno de El Salvador han optado por una política hostil contra los funcionarios diplomáticos y comerciales venezolanos, incluso desconociendo a las autoridades legítimas del Gobierno de Venezuela.
En el informe se revela que en claro indicio de lavado de dinero, las investigaciones de la misma Fiscalía salvadoreña han determinado un monto que oscila entre los 646,6 millones y los 934,4 millones de dólares que las empresas del conglomerado Albapes no han podido justificar.
Adicionalmente, el seguimiento efectuado identificó el caso atendido por la Fiscalía Anticorrupción de Panamá sobre la empresa Apes Inc, objeto de una investigación por lavado de dinero a causa de haber recibido cuantiosos créditos de Alba Petróleos de El Salvador.
El sistema bancario de Panamá cerró dos cuentas de Apes Inc que recibió 144 millones desde El Salvador, y el registro público suspendió por fallas administrativas a otras tres empresas offshores: Conemite International, Alba Refining Company Latin América y Atlantic Pacific Logistic, la entidad exclusiva de comercio internacional de Alba Petróleos que recibió préstamos por 146,3 millones desde El Salvador.
En el documento se destaca que el caso Albapes requiere la diligente atención de Pdvsa y del Gobierno Bolivariano, en la medida en que revela una situación internacional en la cual funcionarios del Gobierno de El Salvador tergiversaron los humanistas propósitos de Petrocaribe de financiar parte de la factura petrolera, asociada a los crudos, combustibles y productos suministrados por Venezuela, cuyo correcto uso habría permitido obtener fondos dirigidos al desarrollo de actividades productivas que asimismo compensarían el pago de la deuda con Pdvsa.
